La Consejería de la Presidencia, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales, ha emitido un Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto que regula las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias con fines publicitarios en la Comunidad de Castilla y León.
El proyecto de decreto establece un marco normativo detallado que regula la organización y desarrollo de estas actividades, garantizando la transparencia, legalidad y protección de los participantes. Entre los aspectos más relevantes del proyecto, se destacan:
- Modalidades de juego y requisitos: El proyecto contempla distintas modalidades de juego, como las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias, estableciendo requisitos específicos para cada una de ellas, tales como la publicación de bases, la identificación de los organizadores, la propiedad de los premios y la transparencia en el desarrollo de los sorteos.
- Organizadores: Se establece quiénes pueden solicitar autorización para organizar rifas y tómbolas, incluyendo instituciones públicas, entidades privadas, asociaciones sin ánimo de lucro, personas jurídicas y físicas, entre otros. Asimismo, se detallan las exclusiones y la condición de empresa de juego de Castilla y León para los organizadores.
- Formalización de la solicitud: Se describen los requisitos y documentos necesarios para formalizar la solicitud de autorización de rifas y tómbolas, así como las combinaciones aleatorias con fines publicitarios, incluyendo la identificación del solicitante, las bases del juego, la documentación acreditativa y la prohibición de participación para ciertos grupos.
- Régimen de autorizaciones: Se establece que la celebración de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias requiere autorización administrativa previa, excepto en casos de exención por premios de escasa cuantía. Se detalla el procedimiento de autorización, el contenido de la resolución y la intransmisibilidad de la autorización.
- Régimen sancionador: Se establecen las infracciones administrativas y las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento de la normativa, así como el procedimiento sancionador y las competencias en materia de imposición de sanciones.
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