El Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto para la regulación de la Comisión Técnica de Coordinación del Juego Responsable de Castilla y León detalla las bases para estructurar, organizar y definir las funciones de este órgano colegiado, creado para abordar las políticas autonómicas relacionadas con el juego responsable.
Objetivo:
La Comisión busca coordinar políticas autonómicas de juego responsable, minimizando riesgos asociados al juego patológico y fomentando prácticas responsables.
Marco normativo: Se basa en la Ley 4/1998, de regulación del Juego y de las Apuestas de Castilla y León, modificada en 2024, que introduce los conceptos de juego seguro y prevención de adicciones. También se apoyan en el Real Decreto 176/2023 sobre entornos seguros de juego.
Composición: Contará con representantes de salud pública, protección de menores, educación, juventud y conductas adictivas, además de actores sociales como la Federación de Municipios y asociaciones de prevención.
Funciones destacadas:
- Coordinación de políticas: Liderará las estrategias autonómicas en materia de juego responsable.
- Prevención y tratamiento: Será responsable de elaborar y supervisar la Estrategia de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico.
- Estudios e informes: Realizará investigaciones sobre el impacto social del juego y promoverá buenas prácticas.
- Sensibilización: Fomentará campañas informativas y educativas dirigidas a la sociedad.
Observaciones clave del informe:
- Relevancia social y sanitaria: Destaca la urgencia de abordar las adicciones comportamentales asociadas al juego, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables.
- Participación equilibrada: Se propone garantizar la representación paritaria de actores empresariales y sindicales en la Comisión.
- Articulación con la Mesa de Juego Responsable: Sugiere una coordinación activa entre este nuevo órgano y la ya existente Mesa de Juego Responsable para aprovechar su experiencia acumulada desde 2020.
El informe avala la creación de la Comisión, subrayando su potencial para prevenir los efectos nocivos del juego y fomentar una actividad económica responsable y sostenible. Además, insta a un marco colaborativo entre administraciones y actores del sector, priorizando la protección de los colectivos más vulnerables.
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