Representantes de cinco asociaciones empresariales del sector del juego de salón y las máquinas recreativas han enviado un escrito a la Generalitat donde piden una moratoria en la aprobación de la Ley del Juego ahora en tramitación en las Corts. El documento aduce la grave crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y el confinamiento decretado por el estado de alarma. Los establecimientos de hostelería están cerrados por este motivo, lo que se verá agravado aún más por la aplicación de la nueva ley, estiman en el documento.
Entre los argumentos de las empresas afectadas se encuentra la «situación excepciones de alarma sanitaria mundial». Por este motivo, plantean una moratoria a partir de junio de este año, cuando se presume que volverá la actividad a la Cámara. Durante la interrupción del plazo legal, se propone la realización de estudios que constante la afección real de las restricciones en el sector en la Comunitat.
Además de la moratoria, se plantea el «aplazamiento sin intereses ni recargos de las tasas de juego que gravan la explotación de máquinas recreativas, así como una ampliación del porcentaje de autorizaciones de explotación suspendidas temporalmente, ya que el 10% es insuficiente atendiendo al número de establecimientos de hostelería y salones que están cerrando». La carta está fechada el pasado día 13, antes de que la orden de cierre y confinamiento fuera total salvo los servicios esenciales.
Durante el tiempo de la moratoria se plantea una «mesa de negociación que encargue los estudios pertinentes para conocer el alcance real de las medidas propuestas». En el proceso de enmiendas, desde el sector ya proponían una moratoria de cinco años para su aplicación.
Entre las enmiendas pactadas por los partidos socios del Consell se encuentra dejar fuera de la regulación los casinos y bingos, dado que de lo contrario las distancias mínimas con los colegios abocarían al cierre a la mayoría. También reducirla entre las salas de apuestas o autorizar un tipo de tragaperras específico. El documento final debe ser votado por los grupos en el pleno, lo que todavía carece de fecha por el estado de alarma
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