El Consejero y Portavoz del Gobierno de la comunidad de Madrid, Ángel Garrido ha salido al paso de la polvareda levantada en los últimos días y se ha decidido a opinar sobre la legalidad de la decisión del PP y sobre la decisión de cambiar el texto del CID para que pase a ser solamente considerado en suelo público. Demasiados cambios a última hora que sólo evidencian improvisación y opacidad, a nuestro juicio. Además, se permite adelantar que se negarán a un tercer intento por parte del grupo Cordish.
"Cordish puede ejercer cualquier derecho que considere oportuno, pero el Gobierno está absolutamente tranquilo en que la decisión se ha tomado conforme a la legalidad. Una decisión contraria a todos los informes sí que pudiera haber sido algo contrario a la legalidad, y no estamos dispuestos a eso", ha añadido el consejero y portavoz.
El objetivo es que los Centros Integrados de Desarrollo solo puedan llevarse a cabo en suelos de titularidad pública o en terrenos que no requieran recalificación de los usos, ya que entienden que así se garantiza el interés general de estos proyectos, que se instalarán en ubicaciones "racionales" al utilizar suelos públicos ya previstos para ser desarrollados.
Además, el Gobierno quiere introducir una nueva regulación que, entre otros aspectos, permita a la Administración determinar qué infraestructuras son necesarias y su ubicación, y que se garantice su ejecución exigiendo al adjudicatario que asuma los costes, bien directamente o bien a través de convenios.
De esta manera al construirse en terrenos públicos se garantizará "un retorno del coste de los terrenos, que revertirá directamente en los ciudadanos", o bien se levantarán en terrenos ya habilitados para ese uso que no requieran una recalificación.
Garrido ha recalcado que estas modificaciones llevarán su tiempo, por lo que no sabe si afectarán al proyecto de la empresa Cordish para construir un complejo de ocio en Torres de la Alameda.
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