“En total desacuerdo ante la posición política de la DGOJ e interpretación jurídica expresada en el informe que presentaron en la última reunión del Grupo de Trabajo Regulatorio, Técnico y de Registros. Además de vulnerar las competencias de las CCAA en materia de juego, los argumentos jurídicos utilizados para justificar su posición son sorprendentes dado lo establecido en la Ley 13/2011”.
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