El Consejo de Estado italiano celebrado el pasado 31 de Agosto ha visto como legítimas las quejas de los siete operadores que llevan más de dos años reclamando la controvertida decisión del gobierno Renzi de no compensar a los operadores de trabaperras, videolotería y videopoker tras el incremento de impuestos y recorte de derechos de 2015. Y ha remitido a Estrasburgo la petición de estas empresas, entre las que encontramos a Cirsa Italia y Codere Network, que han recibido de forma muy positiva la noticia que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el organismo que zanje la cuestión.
Las siete empresas del ámbito presencial operadoras de máquinas slots, videopoker y videolotería que acudieron hace dos años a la vía judicial para apelar la controvertida decisión del gobierno de centro-izquierda italiano -que tenía en ese momento como presidente a
Matteo Renzi-, están de enhorabuena.
Y es que aunque en primera instancia vieron rechazadas sus apelaciones por la Justicia italiana en la región de Lazio, ahora han recibido el visto bueno por parte del propio Consejo de Estado, celebrado el pasado 31 de agosto, para que sea la Justicia Europea la que tome la última decisión al respecto de la indemnización que reclaman tras la decisión de Renzi recortar en 500 millones los fondos presupuestados y aprobados al pago y amortización de sus activos.
De esta forma,
Cirsa Italia,
Codere Network, Gamenet, NTS Network, Sisal Entertainment y SNAI vuelven a contar con opciones más que realistas de recuperar varios cientos de millones en concepto de impuestos y del posterior rechazo de las partidas presupuestarias destinadas a compensar ese nuevo escenario fiscal que acompañó a la Ley de estabilidad de 2015, firmada por el entonces ministro de Economía, Pier Carlo Padoan.
Según informa
Fortune Italia, los demandantes, consideran que el cambio de políticas recaudatorias les perjudicaba sobremanera al haber sido un nuevo escenario no planteado en el reciente proceso de licitación por lo que los operadores de estos productos de juego, disponibles en salones, bingo y establecimientos autorizados veían cómo sus enormes inversiones en licencias se convertían en un muy mal negocio.
Los operadores, entre los que destacan las subsidiarias en Italia de las españolas CIRSA y CODERE no se han rendido en todo este tiempo y a pesar de la negativa por atender sus demandas de la justicia administrativa italiana, se procedió con una apelación al Tribunal de Arbitraje (TAR) y tras una nueva negativa se dirigieron al Palazzo dei Marescialli donde se encuentra el tribunal de apelación administrativo... que es quien finalmente ha encontrado motivos más que suficientes para que sea la Corte Europea de Estrasburgo la que tenga la última palabra sobre el caso.
El juez
Francesco Gambato Spisani, solicita al Tribunal de Justicia Europeo que responda a dos cuestiones: en primer lugar, establecer si es compatible con el Derecho comunitario "una legislación que reduce las bonificaciones y las retribuciones solo respecto de una categoría limitada y específica de operadores, o solo respecto de los operadores de juego con máquinas recreativas, y no en a todos los operadores del sector del juego " y en segundo lugar si "es compatible con el principio de derecho europeo de protección de la confianza legítima la introducción de una legislación que por razones exclusivamente económicas haya reducido la retribución pactada en un contrato de concesión durante la duración del mismo entre una empresa y una administración del Estado italiano ".
En definitiva, la decisión que tiene ante sí Estrasburgo es importante: saber sI un estado europeo puede recortar unilateralmente la retribución prevista por un acuerdo que ha firmado con operadores que cumplieron con sus licencias y las condiciones establecidas en el concurso.
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