La evidencia es rotunda: el cerco al juego legal a través de regulaciones que estrangulan la actividad da pie a la proliferación de juego clandestino. Hay una demanda de juego y de ocio y hay que responder con un juego controlado, regulado y con el compromiso de empresas solventes que dan la cara a través de altísimos impuestos y una contribución a la economía insustituible.
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