Luis Miguel Torres Hernández, Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid, fue uno de los destacados ponentes de la mesa titulada “El juego presencial tras la crisis sanitaria”, actividad enmarcada en el primer día del 9º EXPO CONGRESO ANDALUZ SOBRE EL JUEGO realizado entre el 22 y 23 de septiembre en Torremolinos.
Luis Miguel Torres Hernández ha comenzado su intervención evocando que al principio de la legislatura “parecía que el único problema que teníamos en la comunidad era el juego y lo que había en torno al juego y de repente llegó la pandemia y pues parece que nos sirvió, si es que algo bueno podemos sacar de esto, para ubicar realmente los problemas en su sitio y es en ese contexto hemos empezado a trabajar”.
Sobre esta situación opina que la proliferación de locales y la sobre exposición publicitaria en todo tipo de medios y soportes generó un caldo de cultivo para una alarma social injustificada y de algunas agendas políticas contra el sector. En contraparte, Torres Hernández ha recordado declaraciones recientes en las que se plantea que el juego no es un problema de salud pública. Ahora bien, ante la existencia de conductas problemáticas piensa que es clave el trabajo del sector en torno al juego responsable.
En este sentido, pone en valor los valiosos esfuerzos de la industria en relación con la responsabilidad social corporativa y motiva a los empresarios presentes a seguir por el camino iniciado. Y, añade que en Madrid tienen previsto que la reforma de la Ley del Juego incluya un artículo para potenciar esta línea.
Sobre esta modificación considera esencial “definir un marco normativo que permita dar la seguridad necesaria para vosotros como empresarios, y que tranquilice a la sociedad en cuanto a su preocupación en torno al juego problemático”.
Torres Hernández asegura que el alcance de muchos de los cambios implantados en la sociedad por causa de la crisis sanitaria no se conocerá hasta dentro de unos meses o más tiempo. Como consecuencia, muchas de las modificaciones normativas planteadas hace dos años muy probablemente no se adapten a la nueva situación del sector.
En materia fiscal explica que las normativas estaban muy centradas en la situación pre COVID-19 y es necesario adaptarse, por lo que defiende la implementación de bonificaciones y devoluciones de tasas por cierre. Asimismo, admite que es necesario “definir de una manera fina y concreta cómo vamos a estar exactamente después”.
Por otro lado, resalta un objetivo principal compartido por el sector y las administraciones es la protección de menores y colectivos vulnerables, hacia lo cual han ido dirigiendo el endurecimiento de las sanciones.
En todo caso, se ha mostrado defensor de la libertad de empresa y de la consolidación de los puestos de trabajo, para lo cual cree fundamental la flexibilización y ayuda desde ámbito tributario.
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