Traducimos a la realidadla alucinante nota de prensa del Vicepresidente Yllanes de Baleares
Ayer, el gobierno de las Islas Baleares lanzaba una nota de prensa donde erigía al vicepresident Yllanes en el salvador universal de los males del universo al proclamar que Baleares no tendrá más locales de juego en décadas.
Tras leer la nota de prensa cargada de épica, parcialidad y esperpento nos pusimos en contacto con SAREIBA, y la Asociación de Salones nos tradujo a la realidad las bombas propagandísticas del vicepresiente.
Esto es lo que decía la nota de prensa de ayer con la `traducción`de SAREIBA:
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NOTA DE PRENSA OFICIAL (comentada por SAREIBA)
Balears será la primera comunidad autónoma que no concederá más licencias de juego.
Desde el mes de Enero de 2020 ya se suspendieron por dos años y se ha prorrogado por 18 meses más. Hay otras comunidades que hace tiempo tienen suspendidas las nuevas licencias. Catalunya, desde hace muchos años.
Las licencias que se ha revocado lo han sido por criterios empresariales. Las empresas han soportado el COVID durante dos años y prácticamente han pagado el 100% de las tasas, por lo que la opción de no invertir en nuevos establecimientos es totalmente lógica, razonable y respetable.
Con la revocación de las licencias de Inca y Marratxí, y la última modificación de la Ley del Juego anunciada hoy por el vicepresidente Yllanes, el Govern impide de facto la concesión de nuevas licencias en las próximas décadas
El vicepresident del Govern y conseller de Transición Energética, Memoria Democrática y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, ha anunciado este miércoles la revocación definitiva de la última licencia pendiente de apertura para una sala de juegos en Illes Balears: la del local de la calle Cabana (Marratxí), que se suma a la ya revocada licencia del local de Miquel Bisellach (Inca), cuyo plazo de apertura venció el pasado mes de febrero.
Las licencias que se han revocado, más bien dicho, los empresarios han renunciado a ellas, lo han sido por criterios empresariales.
Las empresas han soportado el COVID durante dos años y prácticamente han pagado el 100% de las tasas, por lo que la opción de no invertir en nuevos establecimientos es totalmente lógica, razonable y respetable. Los 32 millones de euros que se pagan anualmente en tasas surgen del mantener abiertos los establecimientos.
El vicepresident ha anunciado, además, una propuesta de modificación de la Ley del Juego que incluye, entre otras cosas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que el número actual de salas de juego y apuestas no se reduzca a la mitad, y que acaba de superar el periodo de alegaciones. Con estas medidas, el Govern se asegura de que no se concederán más licencias de juego en las Islas en las próximas décadas. Las Illes Balears se convierten así en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en impedir, de facto, la apertura de nuevas salas de juego y de nuevas casas de apuestas.
No ha superado el periodo de alegaciones, simplemente que se han formulado en plazo las mismas.
El Gobierno no puede asegurar nada, ya que es el Parlament es el que debe decidir sobre el contenido concreto de la norma.
Lo ha explicado el vicepresident Yllanes en la reunión de la Mesa Social del Juego que se ha celebrado este miércoles en la Consellería de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática del Govern, y en la que también han participado el director general de Comercio, Miquel Piñol; el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado; la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font; el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y los tenientes de alcalde Neus Serra y Joan Francesc Canyelles; la vicedecana del Colegio de Psicólogos, Maria José Martínez, así como representantes de diferentes asociaciones y plataformas de la sociedad civil, entre ellos: Catalina Cebrián, de la Plataforma Vecinal de Marratxí; Miquel Àngel Guerrero, de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA); Júlia Monge, de la asociación de ludópatas Juguesca; Maria Eugènia Janer, del Pla d'Addiccions y Drogodependències de les Illes Balears; o Toni Parets y María Fernández, de Proyecto Hombre.
No existe mesa social. El órgano que debe tratar este tema es la Comisión Balear de Juego donde están si representados las patronales y los sindicatos.
Yllanes ha querido agradecer a los asistentes que hayan puesto a disposición del Govern sus diferentes perspectivas de los juegos de azar «como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio» como, ha lamentado, «se había tratado hasta ahora».
Lamentamos que no se trate el sector como lo que es, una actividad legal y regulada, que da empleo a mas de mil quinientos trabajadores y se trate como un tema de salud pública cuando la incidencia en este campo es mínima.
En este sentido, el vicepresidente ha insistido en la apuesta del Govern «por las políticas de prevención de las adicciones, de protección de nuestros menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal», además de «evitar que la Comunidad se convirtiera en un Las Vegas low cost», y ha recordado algunas de las iniciativas normativas impulsadas desde la Vicepresidencia a través de la Dirección General de Comercio.
No se puede hablar de “Las Vegas” cuando el juego presencial de los salones no supera el 7% del total de juego y del trabajo de los empresarios y los sindicatos en una oferta de juego regulado, sostenible y recreativo.
Así, cabe destacar la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar una dinámica de aperturas sin límite. O la suspensión de licencias en las postrimerías de la moratoria, con el objetivo de consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia. Es el caso del local de Inca y también del de Marratxí, que había generado una fuerte contestación social y vecinal y cuya revocación definitiva ha sido posible gracias a la implicación personal del vicepresident Yllanes y del alcalde de Marratxí, Miquel Cabot.
Otra vez desconocimiento de datos. Basta ver el cuadro que se adjunta y se vera que lo que hay es un mantenimiento de la oferta con un ligero descenso de esta.
«Fruto de la colaboración entre el alcalde de Marratxí y del vicepresidente del Govern se ha podido convencer al sector de la necesaria autorregulación para evitar un conflicto de convivencia vecinal», ha señalado el director general de Comercio, Miquel Piñol.
El sector ha tenido y tiene con la dirección general un trato positivo, de dialogo de cara a sentar y mantener una política de juego en el marco de las normas que marca la ley y aprobadas por el Parlament.
Por su parte, el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, ha celebrado que «la administración ha dejado de ser una pared para la ciudadanía». «Nos preocupan las mismas inquietudes que a nuestros vecinos y vecinas y en este caso se ha demostrado que la tarea coordinada entre las administraciones y todas las entidades sociales que se han puesto en marcha en contra de esta sala de juego de Marratxí ha sido verdaderamente efectiva», ha dicho
A esto se suma ahora la propuesta de modificación de la Ley de Juego 8/2014, anunciada también hoy por el vicepresident Yllanes que fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes —ahora partimos de 140 salas—, tres casinos y cuatro bingos, y que incluye, entre otras medidas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esta cifra y, por tanto, el número de salas no se reduzca hasta la mitad.
Otra vez desconocimiento de los datos. Nuestra Comunidad tiene un fuerte componente de población en los meses de verano, en 2016 se alcanzaron los 2.057.244 habitantes, casi el doble que en diciembre.
Por tanto, si comparamos el numero de establecimiento a fecha de 1 de julio con las comunidades turísticas del arco mediterráneo, estamos en la media.
Esto significa que tampoco se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias e implica, de facto, que el Govern no concederá más licencias de juego en las Islas, al menos en las próximas décadas, convirtiendo así a las Illes Balears en la primera comunidad autónoma de todo el Estado en adoptar una medida de estas características.
«En esta legislatura hemos conseguido el punto de inflexión que todas y todos esperábamos en materia de densidad de salas de juego por habitante en nuestras Islas», ha dicho Yllanes. «No podíamos continuar doblando la media española de salas por habitante».
Finalmente, poner en valor el importante trabajo que junto los sindicatos se esta realizando para formar al personal y ofrecer un juego que constituya una opción perfectamente válida frente al juego público, el juego on line y el juego ilegal. No todos estamos en el mismo saco.
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