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 El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Policía Nacional firman un convenio de colaboración en materia de inspección y control del juego

 

   Juan Alfonso Ruiz Molina, Susana Pastor Pons y Francisco Pardo Piqueras


 El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Policía Nacional han firmado un convenio que refuerza su coordinación sobre inspección y el control del juego, mediante su atribución a las unidades de Inspección de Juego, integradas por personal de este Cuerpo, en coordinación con el personal habilitado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
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El acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras. Asimismo, destacamos la presencia de la Directora General de Tributos Susana Pastor Pons.

En un comunicado de prensa han explicado que este convenio surge ante la creciente diversificación de la actividad de juego y, en consecuencia, en la necesidad de garantizar la protección de los menores de edad, la transparencia en el desarrollo de los juegos y apuestas, la garantía de que no se produzcan fraudes y la prevención del blanqueo de capitales.

En virtud de este convenio, la Dirección General de la Policía desarrollará, en coordinación con el personal habilitado por la Consejería, todas las funciones de inspección y control de los locales específicos de juego, así como del resto del material destinado al ejercicio de esta actividad. Esto será posible a través del Servicio de Control de Juegos de Azar, integrado por un Servicio Central y grupos periféricos, junto a las funciones policiales propias del Estado.

Según confirma la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, el ámbito territorial de actuación de los miembros de las mencionadas unidades periféricas será el correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tendrá su sede en cada una de las comisarias provinciales de la Policía Nacional.

Por otro lado, mediante este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, renovables por otro cuatro, la Policía Nacional se compromete a que los puestos de trabajo de las unidades de Inspección de Juego estén cubiertos por los funcionarios de este Cuerpo que en cada Comisaría Provincial tengan encomendadas estas funciones, así como a mantener un nivel adecuado de cobertura de estos puestos para garantizar la plena operatividad de las unidades de inspección.

Del mismo modo, se compromete a proporcionar a los miembros del Grupo de Inspección de Juego adecuado acceso al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE). Por su parte, las autoridades regionales prestarán a las unidades periféricas de juego la asistencia y apoyo propios de las relaciones entre las diferentes administraciones públicas.Toda esta actividad se realizará en coordinación con los propios inspectores de juego de la Comunidad Autónoma.

En materia formativa, la Policía Nacional facilitará la participación en las actividades que se desarrollen en este ámbito y la Comunidad Autónoma podrá organizar cursos de formación y de perfeccionamiento para el personal de las unidades periféricas de Inspección de Juego.

Para posibilitar el desarrollo y aplicación del presente convenio, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, Vigilancia y Control, que se reunirá, al menos, una vez al año y que estará integrada por un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, otro de la Dirección General de la Policía y otro de la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, de una parte; y por tres representantes de la Comunidad Autónoma, de otra.

El Gobierno de Castilla -La Mancha recuerda que el pasado 30 de enero entró en vigor la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, la cual pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad económica.

Esta ley establece la prohibición general de la publicidad en el sector, las distancias mínimas entre locales de juego y centros educativos, así como también controles de acceso.




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