Este lunes publicábamos la noticia en la que una familia valenciana había denunciado a la ONCE por negarse a pagar un cupón del Extra de Navidad del pasado 1 de enero de un total de 400.000 euros. La información fue publicada en el diario ABC y ayer en el mismo periódico se publicaba la explicación de la ONCE.
Según contaban los afectados, el boleto, el 82890, fue un regalo de unos padres a su hija. El número fue vendido en un quiosco del Mercado Central de Valencia. Cuando ambos progenitores fueron a cobrar los 400.000 euros les denegaron el premio después de que el padre firmara un documento mediante el que declaraba ser el tenedor del cupón, sin posibilidad de modificar la titularidad más tarde", según señalan los abogados de los afectados.
"Una vez suscrita la declaración y entregado en depósito el cupón o boleto no se permitirá la modificación de la identidad o del número de los perceptores ni su sustitución por otros, por lo que antes de proceder a la firma deberá verificar la exactitud de los datos", especifica el escrito.
Según explica la organización nacional al periódico ABC, el firmante se encontraba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego. Explican fuentes de la ONCE que, por este motivo, no se procedió al abono del premio, ya que al tramitarlo, el sistema lo bloquea automáticamente al asociarse al jugador con su registro en el RGIAJ.
Tal y como publica ABC:
¿Por qué se negó la ONCE a pagarle el dinero? Según aclaró la organización nacional a este periódico, el firmante se encontraba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), una herramienta de autoexclusión para personas que padecen ludopatía, la cual se les prohíbe participar en las actividades de juego, tanto de manera presencial como online.
De esta manera, los inscritos en el registro del Ministerio de Consumo se blindan para no volver a caer en el juego compulsivo de las apuestas y otras clases de actividades similares. No obstante, esta base de datos sólo impide el juego online, mientras que la reglamentación autonómica es la que puede restringir la entrada a establecimientos regulados. En el caso de la Comunidad Valenciana, se desglosan en casinos de juego, salas de bingo, salones de juego y locales específicos de apuestas, de acuerdo con la Ley 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la ludopatía.
Por este motivo, explican fuentes de la ONCE no se pudo proceder al abono del premio, ya que el sistema encargado de tramitarlo lo bloquea automáticamente al asociarse el jugador con su registro voluntario en el RGIAJ para personas que no desean ejercer su derecho al libre acceso a los juegos de azar. No obstante, se mostraron comprensivos con la decisión de la familia de emprender acciones legales ante la gran cuantía del premio, aunque insisten estar sujetos a una normativa estatal que les impide entregarlo como así desearían.
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