Las tres asociaciones vascas fijan un protocolo para que establecimientos afectados inicien las reclamaciones patrimoniales por los cierres entre diciembre de 2020 y febrero de 2021
La prensa local lo cuenta así:
Las tres asociaciones de Hostelería de Euskadi han fijado un procedimiento para que los establecimientos puedan iniciar las reclamaciones económicas contra el Gobierno Vasco, que ha recibido hasta cinco reveses judiciales, por los cierres derivados del covid-19 entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.
Cada negocio tendrá que analizar si merece la pena iniciar el proceso en base a sus cifras y los días en que su municipio se vio afectado por los cierres de actividad derivados de los decretos del lehendakari. En los próximos días, las tres asociaciones tienen previsto comenzar una campaña de difusión en ese sentido.
Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 2020, cuando tras más de un mes de cierre forzado de los establecimientos de hostelería vascos, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco autorizó la vuelta a la actividad, con una serie de requisitos que afectaron a los negocios que se encontraban por aquel entonces en municipios en zona roja por la situación epidemiológica.
Iniciado el año 2021, un nuevo decreto del lehendakari, según recuerdan los hosteleros, vino a ratificar la medida adoptada, lo que tuvo como resultado que “un número muy importante de municipios continuaran con la hostelería cerrada”, en la medida en que las tasas acumuladas eran superiores a 500 casos por 100.000 habitantes. Ante el convencimiento de la “injusticia” que se estaba cometiendo en el sector, en comparación con otros ámbitos económicos y sociales, las asociaciones optaron por impugnar las normas solicitando la adopción de una medida cautelar que acabara con el “sufrimiento de miles” de familias. Desde entonces, se han venido dictando distintas medidas judiciales en esa dirección.
Los establecimientos de hostelería de toda Euskadi pudieron volver a funcionar tras el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), a fecha 9 de febrero de 2021. Regresaba la actividad, pero lo hacía con las limitaciones fijadas por diversos decretos del Lehendakari. De ahí que lo que por aquel entonces fue interpretado como una victoria judicial para el sector diera paso a un compás de espera, a falta de dilucidar la legalidad de los decretos del lehendakari que fueron impugnados.
El 5 de mayo de 2022, el TSJPV dictó sentencia, declarando la nulidad de las disposiciones recurridas “y haciendo expresa imposición de costas a la Administración demandada”, según recuerdan los profesionales afectados. Un nuevo varapalo judicial que reafirmaba la tesis mantenida por las tres asociaciones de hostelería. Esta medida fue recurrida por el Gobierno Vasco en casación ante el Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal inadmitió el recurso del Servicio Jurídico Central del Ejecutivo autonómico, lo que supuso un nuevo varapalo que abría la puerta a pedir reclamaciones patrimoniales. El Supremo resolvió con inusitada rapidez, en apenas seis meses, con una providencia que suponía un nuevo varapalo judicial para el Gobierno Vasco. El revés en esta ocasión llegaba de una instancia superior. “Se nos ha utilizado de cabeza de turco para tapar la incompetencia de quien lo tenía que haber hecho bastante mejor”, denunciaron entonces desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.
Durante este tiempo, las asociaciones han mantenido conversaciones con un despacho de abogados para valorar los pasos a dar. La Hostelería de Euskadi se sienta "dañada y merecedora de una reparación por los días de cierre sufrido" entre el 10 de diciembre de 2020 y el 9 de febrero de 2021. Considera que está "en su perfecto derecho de iniciar el procedimiento de reclamación patrimonial, que se espera sea tenido en consideración por el Tribunal Supremo".
Durante este tiempo, las Asociaciones de Hostelería también han mantenido conversaciones con el Gobierno Vasco para que "reconozca su responsabilidad en lo sucedido". Según trasladan los profesiones, hasta ahora han recibido "una respuesta negativa, oponiéndose a valorar compensación alguna, en tanto en cuanto no haya una resolución judicial que les condene al abono económico de los daños causados".
Ya en la sentencia de mayo de 2022 el propio TSJPV señaló que el gobierno no había aportado evidencias científicas relevantes para cerrar la hostelería durante el embate de la pandemia, teniendo en cuenta además que se produjeron mayores contagios en sectores como la educación o el mundo laboral. El Supremo vino a corroborar la decisión que tomó el TSPV. El alto tribunal consideraba que el objeto de recurso (el cierre) presentaba “un marcado carácter casuístico que se aleja de la virtualidad expansiva que persiguen las resoluciones del Supremo”.
Para las asociaciones vascas de hostelería, estas decisiones judiciales "evidencian la injusticia cometida contra la hostelería vasca al reconocer, de manera clara, la ausencia de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas contra el sector a lo largo de la crisis sanitaria".
El sector entiende que el respaldo judicial "debería hacer reflexionar a las instituciones implicadas sobre la capacidad de los integrantes del Comité Técnico del LABI”, así como sobre la necesidad de “exigir responsabilidades” a sus integrantes, que ocupan cargos de relevancia en el entramado institucional vasco.
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