José Antonio Rubio, presidente de la Asociación de Empresarios de Salones de Juego de Aragón (AESA), compartió sus perspectivas en la VI Jornada de Juego Responsable organizada por AZAJER en Aragón el 26 de octubre.
Rubio agradeció la invitación y destacó la importancia de estas jornadas para abordar los desafíos y soluciones en la sociedad. Expresó su preocupación sobre la legislación actual, calificándola como prohibicionista y sesgada, especialmente en la protección de colectivos vulnerables.
Destacó que el 50% de los juegos en Aragón y a nivel nacional se concentran en Loterías y Apuestas del Estado, una parte que la comunidad autonóma no puede regular. Esta ausencia de regulación, según Rubio, deja desprotegida a una gran parte de la población que participa en estos juegos. Expresó su preocupación por la ley actual, que considera prohibitiva y sesgada. Argumentó que no protege a los colectivos vulnerables adecuadamente, ya que el 50% de los juegos en Aragón se juegan en Loterías y Apuestas del Estado, fuera del alcance de la regulación autonómica. Rubio también señaló que las distancias reguladas no son efectivas y que el control de acceso es esencial para evitar la entrada de menores y personas registradas en el registro de autoexclusión.
Además, señaló que la normativa implica grandes inversiones y renovación de máquinas en un corto plazo, lo que representa un desafío para el sector.
En cuanto a ratios y ubicaciones, Rubio consideró que las restricciones podrían limitar la apertura de nuevos establecimientos en zonas urbanas, lo que afectaría la operatividad del sector.
Rubio destacó que la ley limita severamente la publicidad en el sector privado mientras permite la instalación de terminales de la ONCE y loterías en establecimientos públicos, lo que genera contradicciones en la regulación. Se podrían llegar a unos 4.000 terminales de la ONCE en la calle en hostelería. Además, señaló que el 23% de los jugadores se inician en productos de loterías, en comparación con el 6.79% en máquinas de azar.
A pesar de las críticas, Rubio reconoció aspectos positivos en la ley, como la promesa de acciones de prevención y educación. Abogó por la colaboración entre el sector público y privado y destacó el proyecto FES, que busca formar y educar a jóvenes y la sociedad en general sobre el juego seguro y responsable. Finalmente, Rubio resaltó la contribución social del sector privado, que aporta más de 35 millones de euros anuales a las arcas públicas, subrayando la importancia de utilizar estos recursos para proyectos de prevención y tratamiento de trastornos.
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