El síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, ha respaldado las enmiendas presentadas por su partido junto a Vox a la Ley del Juego de la Comunidad Valenciana. Estas enmiendas buscan evitar el cierre de locales de juego ya autorizados, alegando posibles indemnizaciones de hasta "420 millones de euros" y la pérdida de "miles" de empleos.
El foco principal de las enmiendas está en permitir la renovación de licencias para locales de juego que se encuentren a menos de 850 metros de centros educativos, contrarrestando la normativa previa aprobada en 2020 por el gobierno del Botànic.
Barrachina ha argumentado que la anterior Ley del Juego podría haber dejado sin empleo a miles de trabajadores y ocasionar un costo adicional de hasta 420 millones en indemnizaciones para las arcas valencianas. Además, la consideró como la normativa sobre juego más restrictiva en la Unión Europea.
A pesar de ello, las enmiendas buscan asegurar que los locales con autorización puedan seguir operando después del 1 de enero, desviando posibles cierres.
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