Andemar ha emitido un comunicado en el que informa sobre las últimas decisiones judiciales relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos durante la pandemia de COVID-19.
Según el comunicado, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre esta cuestión, concluyendo que la pandemia de COVID-19 se considera un caso de fuerza mayor. En consecuencia, el Tribunal Supremo ha determinado que la actividad administrativa desarrollada durante la pandemia fue razonable y proporcionada a la situación existente, eximiendo así al Estado de responsabilidad patrimonial por los daños directamente imputables a la misma.
En su argumentación jurídica, el Tribunal Supremo también descarta la aplicación del instituto de la expropiación forzosa como mecanismo de reparación de los daños derivados del cumplimiento de la normativa COVID.
Este pronunciamiento, según Andemar, cierra la posibilidad de que las empresas operadoras de juego puedan ser indemnizadas por daños sufridos durante la pandemia. Se espera que estas decisiones judiciales afecten a las reclamaciones pendientes por responsabilidad patrimonial del Estado ante el Tribunal Supremo, las cuales probablemente serán desestimadas.
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