El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y un mes de cárcel para el empresario que, tras suscribir un acuerdo de explotación con Sportium Canarias para una casa de apuestas en Escaleritas, cerró el local de forma unilateral y se apoderó de 467.089 euros.
El alto tribunal desestimó el recurso de casación presentado por el acusado, quien había firmado un contrato en el que asumía el rol de depositario de las ganancias generadas en el establecimiento. Según el contrato, el empresario solo debía custodiar el dinero, mientras que la propiedad de las ganancias correspondía a la empresa mercantil.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya había ratificado la condena a principios de año, y el Tribunal Supremo ha mantenido la decisión, imponiendo además al condenado el pago de las costas procesales y la devolución del dinero sustraído. La sentencia también incluye una multa de trece meses con una cuota diaria de doce euros.
El acusado argumentó en su recurso que los 467.089 euros no eran totalmente provenientes de apuestas, sino que parte de ellos (250.000 euros) pertenecían a un depósito de maniobra para pagos imprevistos. Alegó también que la prueba pericial económica no había verificado la integridad de los datos en el programa informático utilizado y que el contrato con Sportium no había sido firmado por él.
No obstante, el Tribunal Supremo rechazó estas alegaciones, afirmando que el TSJC ya había comprobado la validez de los argumentos que sustentaban la condena. El tribunal determinó que el acusado, con la intención de obtener un beneficio ilícito, cerró el establecimiento el 8 de febrero de 2021, llevándose la cantidad mencionada sin devolverla a Sportium Apuestas Canarias. La resolución judicial también subraya que el empresario ignoró los requerimientos notarial y los burofaxes solicitando la devolución del dinero.
La sentencia es firme y el acusado deberá cumplir la pena impuesta.
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