Miguel Riera en la prensa local: "Estamos en una fase de consolidación, no de expansión descontrolada”

Desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Juego y las Apuestas de Baleares en 2020, el número de salones de juego ha disminuido lentamente. En cinco años, han cerrado 14 locales en las Islas, en lo que parece un proceso de ajuste regulatorio más que una crisis empresarial. Según datos de la patronal, actualmente operan 137 salones y 2 casas de apuestas, una cifra que aún supera el límite legal de 90 locales, basado en la ratio de 75 establecimientos por millón de habitantes.

Miguel Àngel Riera, en la publicación local ultimahora.es  estima que “si se mantiene el ritmo actual de dos cierres anuales, tardaremos 20 años en cumplir la ley”. Explica que la legislación no revoca licencias anteriores, lo que impide una adaptación más rápida al nuevo marco regulatorio.

Además del límite numérico, la ley balear —actualizada en 2020 durante la gestión del exconseller Juan Pedro Yllanes— prohíbe nuevas aperturas a menos de 500 metros de centros educativos, universidades, guarderías o centros de formación de adultos.

Aunque una reciente sentencia del Tribunal Supremo anuló una normativa similar en Barcelona por falta de proporcionalidad, Riera asegura que en Baleares la situación es distinta: “La sentencia del Supremo se refiere a una norma municipal. En nuestro caso, es el Govern balear, y concretamente la Conselleria de Empresa, quien ostenta la competencia. La ley autonómica es clara: no se pueden conceder licencias a menos de 500 metros de esos espacios”.

El representante empresarial reivindica el papel del sector en la economía balear: “Es lógico y razonable proteger a los menores, y en nuestros salones nadie entra sin identificarse. Mantenemos más de 1.200 empleos directos en las Islas y hemos aportado más de 35 millones de euros en tasas en 2024”.

Riera denuncia además un “agravio comparativo” con los juegos públicos como Loterías del Estado o los sorteos de la ONCE: “Lo más delicado ahora es el rasca y gana de la ONCE. Se comercializa sin control de edad, es adictivo por la inmediatez del premio, y no exige DNI. En cambio, nosotros tenemos control electrónico de acceso mediante identificación obligatoria”.

Respecto a la situación general del sector, Riera afirma que “el juego es una parte más del ocio. Nuestra oferta es moderada, controlada, y el premio máximo —3.000 euros— no genera grandes expectativas como sí ocurre en el juego público. Estamos en una fase de consolidación, no de expansión descontrolada”.