Luckia, a través de su vicepresidente Alfredo González, participó en un coloquio organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), donde se debatieron las líneas a seguir y las posibilidades de financiación por parte de las instituciones públicas en la región.
Este evento fue clave para fomentar sinergias y establecer puntos en común entre las diversas entidades participantes, con el objetivo de instaurar consensos que beneficien tanto a las empresas como a los trabajadores de Galicia.
El almuerzo-coloquio contó con la presencia de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, así como de miembros del consejo asesor de la CEG y representantes del Gobierno gallego, incluyendo al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, y a la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. La actividad fue financiada por el Grupo Vegalsa-Eroski, con la participación de su director general, José Manuel Ferreño.
Durante el evento, Cristina Herrero enfatizó la importancia de que todas las administraciones públicas actúen con responsabilidad en el marco del Plan Fiscal Estructural, el cual es esencial para la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. La presidenta de AIReF subrayó que la credibilidad del plan, vigente por cuatro años, es crucial no solo para España, sino también para la estabilidad del euro, que implementa un nuevo mecanismo de coordinación en política fiscal.
El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, destacó las importantes necesidades de inversión que enfrenta Galicia para asegurar su competitividad futura. En este contexto, los fondos europeos Next Generation deben jugar un papel vital en la dinamización de tanto el sector privado como el público. Además, Vieites criticó la lentitud en el desembolso de los fondos y la excesiva burocracia que obstaculizan la rápida implementación de proyectos.
La CEG también expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea los presupuestos para 2025 y las negociaciones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas, que podrían resultar en desequilibrios regionales. La organización subrayó la necesidad de definir presupuestos públicos realistas, sostenibles y adaptados a las necesidades específicas de cada territorio, enfatizando la importancia de la eficiencia y la capacidad de ingresos disponibles.
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