El Congreso de Juego de Castilla y León regresa a Ávila con una agenda centrada en Protección de Datos, Regulación y Medios de Pago
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La Directora General de Juego y Espectáculos, Irene Muñoz Vicente, inauguró el evento con una rueda de prensa en la que destacó la importancia de la colaboración entre la administración pública y el sector privado en la construcción de un entorno de juego seguro y regulado. “Desde la administración pública estarán representadas distintas comunidades autónomas, y también contaremos con expertos en materia de control e inspección de juegos”, afirmó Muñoz Vicente.

El Congreso, que se caracteriza por un formato de mesas coloquio, contará en esta edición con tres mesas de discusión y una ponencia central. La jornada de mañana iniciará con dos mesas de gran relevancia para el sector: la primera, titulada “Protección de Datos en el Ámbito de Juegos: Tratamientos de Datos Biométricos”, abordará la protección de los usuarios en términos de privacidad y tecnología. La segunda mesa se centrará en la necesidad de un nuevo marco normativo de juegos y apuestas, analizando temas clave como las autorizaciones regionales y los límites en las ordenanzas municipales.

La programación continuará el miércoles 30 de octubre con una ponencia de la periodista Pilar Cernuda, titulada “Ley y Orden: Con el Juego Privado No Se Juega”. Además, se celebrará una mesa coloquio sobre “Medios de Pago en los Juegos y Apuestas”, que explorará cómo las nuevas formas de pago afectan al sector y plantean retos de regulación y seguridad.

En el marco de la apertura, el delegado territorial de Ávila expresó su agradecimiento a la Junta de Castilla y León y a las asociaciones del sector, celebrando que el Congreso se realice en una ciudad con un rico patrimonio y tradición gastronómica. “Es una oportunidad para que la administración pública y el sector privado colaboren en los retos normativos y en la protección de datos”, afirmó.

Durante el evento, intervinieron también otros representantes del sector. Juan Luis Chamorro, de FAOCALE, señaló que este congreso representa no solo un espacio de trabajo, sino también una reunión entre colegas. José Ballesteros, de ASECAL, agradeció a la Junta por reactivar el congreso tras cinco años de polémicas que, según él, “han afectado profundamente” al sector. Ballesteros enfatizó la necesidad de diálogo para resolver problemáticas históricas.

Isabel Fernández, presidenta de SAJUCAL, extendió el agradecmiento a la directora y jefa de servicio; puso en valor la Mesa Intersectorial del Juego de Castilla y León y elogió el apoyo del consejero de Presidencia a esta edición. Además, subrayó el valor económico que el sector aporta a la comunidad autónoma, estimado en 60 millones de euros anuales. “Este congreso es una oportunidad para adaptarnos a las exigencias de los ciudadanos en materia de transparencia y regulación”, añadió.

Luis Miguel Cabeza de Vaca, representante de ALACA, abordó la importancia de la colaboración entre el sector y las administraciones, especialmente ante la reciente ley de juegos que ha suscitado opiniones encontradas. “La normativa es necesaria para la continuidad de nuestra actividad y para adaptarnos a los nuevos tiempos y tecnologías”, afirmó.

Por su parte, Ana Pérez, representante de los bingos de Castilla y León, se mostró satisfecha con la acogida del Congreso en Ávila, y enfatizó la importancia de un marco normativo que equilibre las necesidades de los empresarios y los derechos de los jugadores. El representante de los consumidores también intervino para abogar por un marco normativo que proteja la seguridad de los jugadores y su derecho al ocio responsable.

El Congreso de Juego de Castilla y León se perfila, así, como una plataforma de diálogo y colaboración para consolidar la seguridad, innovación y regulación de un sector que representa una significativa fuente de ingresos y empleo para la comunidad autónoma. En el Congreso estarán representadas, además de la propia Junta de Castilla y León,  las Administraciones autonómicas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja y la ciudad autónoma de Melilla.