El Director General de Ordenación del Juego, Mikel Arana, cerró hoy las jornadas del evento "El juego online frente al espejo", organizado en Madrid por Europa Press y Jdigital. En su discurso de clausura, Arana abordó los retos regulatorios que enfrenta el sector del juego online en España, destacando el crecimiento de la industria, los riesgos, según su visión, asociados al modelo de negocio actual y los esfuerzos de la administración para garantizar un entorno de juego seguro y regulado.
Arana comenzó afirmando que el modelo de negocio del juego online está diseñado para depender en gran medida de una pequeña proporción de usuarios que generan la mayoría de los ingresos de la industria. Respaldó esta declaración con datos recientes de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ): en 2023, el 1% de los jugadores más activos fue responsable del 30% de los ingresos totales del sector, mientras que el 10% de los jugadores generó el 79%.
Este fenómeno, que denominó "sobrecarga de jugadores problemáticos", afecta especialmente a los sectores más jóvenes y vulnerables de la población, expuso el director. Según Arana, el gasto medio de los jugadores de 18 y 19 años ha crecido significativamente, pasando de 83 euros en 2020 a 138 euros en 2023. Además, el gasto de los jugadores jóvenes más activos, que pertenecen al percentil superior, ha subido de 1.219 euros a 1.741 euros en el mismo periodo. "Estamos hablando de cifras alarmantes, especialmente cuando se trata de usuarios jóvenes, que deberían estar lejos de este tipo de prácticas excesivas", subrayó.
Arana destacó los desafíos relacionados con los límites de depósitos por operador (600 euros diarios, 1.500 semanales y 3.000 mensuales). Señaló que estos límites pueden ser fácilmente superados por jugadores que abren cuentas en múltiples operadores, una práctica común entre el 31% de los usuarios activos en España.
El director general detalló cómo la industria del juego online ha pasado de generar un GGR (Gross Gaming Revenue) de 850 millones de euros en 2020 a más de 1.200 millones de euros en 2023, lo que representa un incremento del 41% en solo cuatro años. Asimismo, destacó cómo el sector ha ajustado sus estrategias de marketing tras la aprobación del Real Decreto 958/2020 sobre comunicaciones comerciales. Aunque la publicidad ha sido limitada, los operadores han intensificado su presencia en plataformas digitales y redes sociales, centrándose en los bonos de captación y en públicos jóvenes, que Arana calificó como "una estrategia preocupante que requiere mayor supervisión".
En su discurso, Arana también hizo hincapié en los avances logrados en la lucha contra el juego ilegal. Desde 2018, se han bloqueado más de 2.600 portales de juego no autorizados y se han identificado prácticas ilícitas relacionadas con afiliados que dirigen a usuarios hacia estas páginas. Sin embargo, reconoció que el desafío persiste debido a la capacidad de los operadores ilegales para sortear bloqueos mediante estrategias sofisticadas, incluyendo el uso de afiliados y métodos de pago opacos.
El porcentaje de transacciones relacionadas con el juego ilegal se ha mantenido entre el 3% y el 3,5% en los últimos años, una cifra que, aunque baja en comparación con otros países, sigue representando una preocupación significativa para la DGOJ. "El juego ilegal no solo erosiona la economía regulada, sino que también representa un riesgo directo para los consumidores, que quedan fuera del alcance de las protecciones legales", explicó.
Arana instó a los operadores legales a colaborar más estrechamente con las autoridades y a ser rigurosos en la elección de sus afiliados, especialmente aquellos que tienen vínculos con portales ilegales. "Es fundamental que los operadores sean parte activa de la solución, denunciando prácticas ilícitas y asegurándose de que sus acciones cumplan con los estándares éticos y legales", afirmó.
El director general también destacó el papel del Registro General de Interdicción de Acceso al Juego (RGIAJ), que ha experimentado un notable aumento en el número de inscritos, pasando de 5.900 en 2020 a más de 80.000 en 2023. Esta herramienta, según Arana, es clave para proteger a los usuarios más vulnerables, aunque reconoció que aún hay margen para mejorar su eficacia y alcance.
De cara al futuro, Arana subrayó la necesidad de revisar el modelo de negocio del sector para hacerlo más sostenible y equitativo. "El problema no reside únicamente en la responsabilidad de los jugadores, sino en un mercado configurado para maximizar los ingresos a expensas de una minoría de grandes perdedores", señaló.
Entre las prioridades regulatorias mencionadas, destacó la consolidación del Real Decreto sobre entornos de juego más seguros, el fortalecimiento de las restricciones a los bonos de captación y el desarrollo de nuevas herramientas para supervisar las transacciones y bloquear portales ilegales. Mikel Arana también apuntó a que espera que el próximo año se vuelven a implementar
las medidas anuladas por el Tribunal Supremo.
Arana cerró su intervención agradeciendo la participación de todos los asistentes y organizadores del evento, reafirmando el compromiso de la DGOJ con la protección de los jugadores y la sostenibilidad del sector. “El ministerio no está en contra del juego. Nuestro objetivo es transformar el modelo de negocio para proteger a los jugadores, especialmente a las generaciones futuras”, concluyó.
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