El Ministerio de Hacienda de Brasil informó sobre el inicio del mercado regulado de apuestas de cuota fija en el país, el cual comenzó a operar el 1 de enero de 2025. Según el anuncio oficial, 66 empresas fueron autorizadas para operar tras cumplir estrictos requisitos técnicos y financieros, consolidando así un marco normativo para la industria de apuestas
El Diario Oficial de la Unión (DOU) publicó el 31 de diciembre de 2024 las ordenanzas de autorización, incluyendo licencias definitivas para 14 empresas y permisos provisionales para 52 más. Estas últimas tienen un plazo de hasta 30 días, prorrogables por otros 30, para completar los requisitos necesarios. De lo contrario, podrían enfrentar suspensiones o la revocación definitiva de sus licencias.
El secretario de Premios y Apuestas, Regis Dudena, destacó que esta regulación coloca las apuestas bajo control estatal y establece reglas claras para el funcionamiento del mercado. Señaló además que el proceso busca enfrentar problemas como el lavado de dinero, el endeudamiento excesivo y el juego problemático, asegurando un entorno más seguro y transparente para los consumidores.
Las empresas autorizadas deben operar exclusivamente en dominios “.bet.br”, mientras que los dominios “.com.br” seguirán operativos temporalmente sin ofrecer apuestas. Las compañías no autorizadas serán bloqueadas y consideradas ilegales.
Desde la legalización de las apuestas en 2018, la ausencia de regulación permitió prácticas desleales en el sector. No obstante, con la implementación de las nuevas reglas, el Ministerio de Hacienda asegura que el mercado ahora cuenta con mecanismos para garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normas.
Entre las medidas implementadas destacan la identificación obligatoria de apostadores mediante CPF, reconocimiento facial y controles financieros rigurosos. Además, se prohíben créditos y bonos de entrada para fomentar el juego responsable.
El nuevo marco regulatorio busca no solo proteger a los consumidores sino también garantizar la integridad del mercado. Las empresas autorizadas deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad y prevención de fraude, incluyendo la certificación de sus sistemas y plataformas digitales. El Ministerio de Hacienda aseguró que el monitoreo constante permitirá detectar irregularidades y aplicar sanciones inmediatas.
Los apostadores también contarán con herramientas de autolimitación para controlar el gasto y evitar problemas relacionados con el juego compulsivo. Se reforzará la educación sobre el juego responsable a través de campañas informativas y programas de apoyo.
La regulación del mercado de apuestas también representa un importante avance en términos económicos. El gobierno federal ha recaudado R$ 2,01 mil millones en concesiones iniciales, y se espera que los ingresos continúen aumentando a medida que el mercado se expanda. Además, el sector creará nuevos empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía nacional.
En términos sociales, la regulación busca reducir los impactos negativos del juego descontrolado, como el endeudamiento excesivo y las adicciones. Las restricciones sobre créditos y promociones buscan evitar que los consumidores sean incentivados a gastar más allá de sus posibilidades.
El Ministerio de Hacienda indicó que las solicitudes de autorización recibidas después del 20 de agosto de 2024 están siendo analizadas y deben resolverse en un plazo de 150 días. Las empresas que no cumplan con los requisitos establecidos enfrentarán la denegación de sus solicitudes o el archivo de los procesos.
El secretario Regis Dudena afirmó que este es solo el comienzo de un mercado más seguro y controlado. Las autoridades seguirán supervisando de cerca las operaciones para asegurar el cumplimiento continuo de las normas. “Estamos comprometidos a ofrecer un mercado transparente y seguro para todos los brasileños”, concluyó Dudena.
Con este marco regulatorio, Brasil se posiciona como un referente en la regulación de apuestas en América Latina, estableciendo un modelo que equilibra el crecimiento económico con la protección social y la seguridad financiera.
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