La aprobación del Decreto Foral que regula la actividad de los salones de juego en Navarra ha generado un intenso debate en el Parlamento de Navarra, con intervenciones de todos los grupos parlamentarios que piden modificaciones sustanciales a la propuesta presentada por el Gobierno regional. La regulación, que establece restricciones horarias y limita la ubicación de los salones en zonas cercanas a centros educativos o de atención a menores, ha sido fuertemente criticada por los empresarios del sector, y la oposición parlamentaria también ha planteado diversas objeciones sobre su justificación y alcance.
En su intervención, la portavoz del Partido Popular (PP), que fue una de las primeras en tomar la palabra, destacó las carencias del Decreto, calificándolo como "claramente mejorable". Según el PP, las restricciones propuestas, especialmente las que limitan el horario de funcionamiento de los salones de juego, no han sido debidamente justificadas. La portavoz también se refirió a un informe del Consejo de Navarra, que señalaba la falta de justificación sobre algunas de las medidas, como las limitaciones horarias y las distancias mínimas entre los establecimientos. "Nos preocupa la falta de una evaluación seria sobre los efectos de estas decisiones, que pueden tener consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para las empresas", afirmó. Además, destacó que el sector ha pedido que el Gobierno revise las condiciones para garantizar la viabilidad económica de los salones de juego sin comprometer la seguridad pública.
Unión del Pueblo Navarro (UPN), a través de su portavoz, también se sumó a las críticas, exigiendo una revisión del Decreto. UPN cuestionó la falta de un análisis riguroso sobre los impactos económicos y sociales de las nuevas normativas. La portavoz subrayó que el informe del Consejo de Navarra había señalado “deficiencias importantes” en el decreto, que requieren ajustes inmediatos. En particular, la limitación horaria de apertura fue un punto de discordia, ya que, según UPN, podría dañar gravemente a los empleados de los salones de juego y la industria en su conjunto. "El Gobierno debe tener en cuenta la realidad económica de las empresas y los derechos de los trabajadores, sin olvidarse de los ciudadanos, que merecen un entorno seguro y bien regulado", señaló la portavoz, haciendo un llamado a la revisión urgente del decreto.
Por su parte,
el Partido Socialista (PSOE) defendió la necesidad del Decreto y expresó su apoyo a la propuesta del Gobierno. La portavoz socialista, María Jurío, insistió en que las medidas del Decreto son fundamentales para proteger a las personas vulnerables de los riesgos asociados al juego, como la ludopatía. Jurío remarcó que la reducción de horarios de funcionamiento de los salones de juego y las nuevas medidas de seguridad son herramientas necesarias para reducir la exposición de las personas a este tipo de entretenimiento en horarios nocturnos. "Este Decreto no solo busca regular una actividad económica, sino también proteger la salud de los navarros y garantizar que los salones de juego operen de manera segura", apuntó la portavoz socialista, quien también destacó la aprobación del texto tras recibir el respaldo de informes de expertos, incluidos los de la Policía Foral.
El grupo Euskal Herria Bildu pidió mayor justificación en las restricciones del Decreto Foral y solicitó una revisión más detallada de algunos aspectos, especialmente en lo que respecta a la justificación de las restricciones horarias. Según su portavoz, Aitor Araiz, las medidas tomadas no fueron suficientemente explicadas en relación con los informes del Consejo de Navarra y la Asociación Navarra de Salud, que habían alertado de la falta de rigor en la toma de decisiones. "Es necesario que el Gobierno justifique de manera más detallada por qué ha optado por limitar los horarios de los salones de juego y cómo esto contribuye al bienestar de los ciudadanos. Los informes existentes muestran que hay vacíos en el decreto que deben ser abordados", comentó Araiz, quien destacó que las restricciones deben tener una base sólida en términos de salud pública.
Geroa Bai, por su parte, mostró un enfoque equilibrado, reconociendo la necesidad de la regulación pero también apuntando a que algunas medidas deben ajustarse para cumplir mejor los objetivos de protección social y sostenibilidad económica. La portavoz del grupo, Rosa Regúlez, enfatizó que el Decreto Foral debe ser ajustado en algunos puntos, como la distancia mínima entre los salones de juego y los centros educativos. "Las medidas deben tener en cuenta las necesidades del sector, pero también asegurarse de que no afecten de manera desproporcionada a los trabajadores ni a los sectores vulnerables", señaló Regúlez, quien subrayó que el Decreto también debería ser más transparente y permitir una mayor participación de los actores sociales en la formulación de políticas.
Finalmente,
el grupo Contigo Navarra expresó preocupaciones similares, especialmente sobre las restricciones horarias y la justificación de estas medidas. El portavoz, José Garrido, insistió en que el Decreto Foral debe ser revisado para equilibrar la protección de la salud pública con la necesidad de garantizar la viabilidad económica de las empresas involucradas. "Las restricciones horarias son una medida controvertida que debe tener una justificación más clara. Si bien entendemos la preocupación por la ludopatía, no podemos ignorar que este sector también da empleo a muchas personas y forma parte de la actividad económica", concluyó Garrido.
Las críticas del Consejo de Navarra y otros organismos sociales pondrán a prueba la capacidad del Ejecutivo para encontrar un consenso y mejorar la legislación antes de su aprobación final.
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