La Comisión de Cultura del Senado italiano ha aprobado una resolución que insta al Gobierno a modificar las normas sobre los juegos con premios en dinero, vigentes desde 2018.
El miércoles 5 de marzo, la Comisión de Cultura y Educación del Senado italiano aprobó una resolución que insta al Gobierno a reformar las regulaciones del fútbol en Italia, en especial, la modificación del veto a la publicidad de las apuestas deportivas y juegos con premios en dinero.
Dicho veto fue introducido en 2018 por el primer gobierno de Giuseppe Conte mediante el Decreto “Dignidad”, prohibiendo cualquier forma de patrocinio o publicidad de casas de apuestas en medios de comunicación y eventos deportivos. No obstante, muchas empresas han logrado esquivar esta restricción mediante publicidad indirecta en portales de noticias deportivas.
Posturas divididas en el Senado
La decisión ha generado polémica en el ámbito político. Mientras que el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático han criticado la resolución, argumentando que no contribuye a combatir la ludopatía, los partidos que apoyan al Gobierno, como Fratelli d’Italia, han defendido la medida, asegurando que permitirá reformar las reglas del fútbol de manera más efectiva.
La resolución aprobada no deroga explícitamente la prohibición de publicidad de apuestas, pero abre la puerta a una posible modificación. Entre las propuestas incluidas en el documento se encuentra la destinación de una parte de los ingresos generados por las apuestas deportivas a las entidades organizadoras de los campeonatos.
En detalle, se plantea que al menos el 1% de los ingresos por apuestas deportivas se utilice para la construcción y modernización de estadios. Además, el Gobierno podría asignar una cuota adicional para financiar proyectos deportivos, sociales y educativos, siempre que se enfoquen en:
- Desarrollo de divisiones juveniles
- Infraestructura deportiva
- Promoción del fútbol femenino
- Prevención de la ludopatía y lucha contra la discriminación en el deporte
El Gobierno tiene un plazo de seis meses, hasta el 5 de septiembre de 2025, para presentar un informe ante las comisiones parlamentarias competentes, detallando las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones de la
resolución.
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