El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, y ha acordado remitirlo al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.
La norma incorpora por primera vez una regulación integral que afecta a múltiples sectores, entre ellos los videojuegos y plataformas digitales con sistemas como las loot boxes o recompensas aleatorias, así como servicios de contenido de acceso ilimitado.
Entre las principales novedades se encuentra la obligatoriedad de que todos los dispositivos digitales incluyan herramientas de control parental gratuitas, que puedan ser fácilmente activadas por madres, padres o tutores. Además, se exige que los centros educativos establezcan una normativa clara sobre el uso de móviles, tablets y otros dispositivos en el aula y en el resto de espacios escolares, con el objetivo de fomentar un uso seguro y responsable de la tecnología desde edades tempranas.
En relación con el sector del juego y el entretenimiento digital, la ley prevé medidas de control más estrictas sobre los videojuegos con elementos adictivos o de monetización aleatoria, como las loot boxes. También permitirá la intervención judicial para bloquear o eliminar servicios digitales que ofrezcan acceso ilimitado a contenidos perjudiciales para menores, lo que incluye juegos de azar no regulados o plataformas con contenidos violentos o inadecuados.
La futura ley también contempla reformas en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que impondrá nuevas obligaciones a plataformas y creadores de contenido, como influencers, para proteger a los menores: verificación de edad, separación de contenidos sensibles y enlaces visibles a canales de denuncia. Asimismo, se modifica la Ley de Protección de Datos Personales, elevando la edad mínima de consentimiento de 14 a 16 años.
En el plano sanitario, se establece la obligación de las administraciones públicas de elaborar programas de prevención de adicciones tecnológicas, y se impulsarán protocolos específicos para la detección y atención de comportamientos adictivos relacionados con el uso excesivo de dispositivos, videojuegos o redes sociales.
Por último, la norma ordena la creación de una Estrategia Nacional de Protección de la Infancia en el entorno digital, liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia, que coordinará acciones a nivel estatal para combatir los riesgos asociados al entorno digital y garantizar un acceso seguro, equitativo y saludable a la tecnología.
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