Como publicamos en exclusiva el pasado viernes, el Juzgado de Primera Instancia n.º 61 de Madrid ha desestimado una demanda de reclamación de daños y perjuicios por más de 150.000 euros interpuesta por un jugador que alegaba haber accedido y jugado en un salón de juego madrileño pese a estar inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).
La sentencia, que supone un importante logro jurídico para el despacho de Jesús Serrano, aclara el marco de responsabilidad aplicable a los operadores en la Comunidad de Madrid antes de la entrada en vigor del Registro de Admisión obligatorio en febrero de 2020.
El fallo considera que los hechos se produjeron en 2018 y 2019, cuando no existía aún esa obligación normativa. Además, señala que el jugador accedió sin mostrar documentación que acreditara su autoexclusión. La actividad desarrollada fue ruleta, modalidad que en aquel momento no requería identificación ni verificación en el RGIAJ. La alegación inicial de que se realizaron apuestas deportivas fue descartada por el juzgado.
También se rechazó la reclamación por ludopatía, al no haberse presentado informe médico que probara la existencia de un trastorno mental que anulara su capacidad de decisión libre y consciente.
El despacho de Jesús Serrano ha subrayado la importancia de esta sentencia, que delimita con claridad las responsabilidades de los operadores de juego en un contexto legal anterior y contribuye a consolidar jurisprudencia útil para el sector.
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