El Consejo Económico y Social de Castilla y León ha aprobado por unanimidad el Informe Previo sobre el Anteproyecto de Ley de atención a la infancia y la adolescencia, que contempla nuevas medidas para limitar el acceso de menores de edad a productos y servicios que puedan perjudicar su desarrollo, entre ellos los relacionados con el juego de azar, las apuestas y el ocio digital.
El Anteproyecto, elaborado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, establece en su Título II restricciones claras sobre el acceso de menores a determinados contenidos, productos y establecimientos. Según el documento analizado por el CES:
“Se incluyen expresamente entre estas actividades el acceso de las personas menores de edad a determinados establecimientos, espectáculos, contenidos audiovisuales, publicaciones, productos y servicios, como por ejemplo los relacionados con el juego, apuestas, videojuegos, ocio y tiempo libre online, redes sociales, etc.”
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El informe subraya la necesidad de que estas restricciones no recaigan únicamente en los propios menores, sino que contemplen obligaciones para los operadores económicos:
“La inspección y el control no debe recaer exclusivamente sobre la actuación del menor, sino sobre los establecimientos y operadores económicos que deben garantizar el cumplimiento de estas limitaciones”
El Anteproyecto también aborda la dimensión digital del entorno infantil y adolescente, incluyendo medidas de prevención y educación:
“Se contempla la necesidad de promover una alfabetización digital que permita a niños, niñas y adolescentes adquirir las competencias necesarias para hacer un uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación”
Además, el texto incorpora el concepto de “entornos seguros”, que se extiende al ámbito digital y se define como aquel que respeta los derechos del menor y promueve un ambiente protector físico, psicológico, social y digital.
El CES considera que estas disposiciones están alineadas con la normativa nacional —especialmente la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral frente a la violencia— e internacional, y recomienda que algunas de estas medidas se desarrollen reglamentariamente para garantizar su aplicación efectiva.
La nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Castilla y León sustituirá a la vigente desde 2002 y será remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria en las próximas semanas.
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