LA CRÓNICA: Bustinduy convierte al Estado en tutor del jugador adulto, criminaliza al operador privado y se exime a sí mismo
Ayer acudimos al acto del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien acompañado por la plana mayor de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), presentó a la prensa una nueva iniciativa que obliga a los operadores privados de juego online a incorporar mensajes de advertencia con datos de riesgo en sus plataformas, banners y anuncios digitales.
INFOPLAY |
PUBLICIDAD
La medida, que desarrolla el Real Decreto 958/2020, sustituirá mensajes genéricos como “juega con responsabilidad” por avisos así:
El acto, presentado como un foro de debate, apenas dejó espacio a la confrontación de ideas. Una moderadora dirigió la conversación hacia posturas alineadas con el mensaje oficial y tres ponentes defendieron la medida sin plantear cuestionamientos de fondo. Solo se presentó el testimonio de un joven que relató la experiencia de un jugador problemático, en un contexto que buscaba reforzar la narrativa de riesgo asociada al juego. Vagamente se mencionó al Estado y sus mensajes: 'Si sueñas, Loterías' o el 'Bien jugado' de la ONCE.
El propio Bustinduy subrayó que “la responsabilidad no debe caer en los usuarios y usuarias, sino en las autoridades”, trasladando al Estado la tutela sobre el comportamiento del jugador adulto. El ministro también apuntó que “hay operadores económicos sin escrúpulos que se aprovechan de quienes están en situaciones de mayor necesidad”, sin mencionar que la iniciativa no incluye a los operadores públicos ni a la ONCE, que mantienen estrategias comerciales agresivas y campañas publicitarias masivas (vetadas para los operadores privados)
En su intervención, Bustinduy reconoció que los controles de acceso en establecimientos privados son hoy más estrictos que los del juego online, pero la normativa sigue sin aplicarse al operador público exhibiendo la asimetría: el Estado actúa como operador y regulador al mismo tiempo, sin aplicar criterios homogéneos.
La iniciativa también se apoyó en datos sobre la incidencia de la ludopatía y en estudios que alertan del aumento de jugadores jóvenes, aunque sin diferenciar entre el juego regulado y el mercado ilegal, que sigue siendo uno de los grandes retos pendientes.
El planteamiento gubernamental refuerza un modelo donde el Estado asume el rol de protector absoluto, reduciendo el margen de responsabilidad individual del jugador adulto y trasladando la idea de que todo juego conlleva un riesgo inasumible y sobretodo enfrentando a los jugadores afirmando que lo que ganan unos pocos es a costa de lo que pierden la mayoría (que, salvando la demagogía, sería perfectamente aplicable a los que ganan y pierden en las loterías del Estado).
Esta página web utiliza cookies propias y de terceros, estadísticas y de marketing, con la finalidad de mejorar nuestros servicios y mostrarle información relacionada con sus preferencias, a través del análisis de sus hábitos de navegación. Del mismo modo, este sitio alberga web beacons, que tienen una finalidad similar a la de las cookies. Tanto las cookies como los beacons no se descargarán sin que lo haya aceptado previamente pulsando el botón de aceptación.
