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"La mejor política es la prevención, no la prohibición": la Comunitat Valenciana mantiene la actual Ley del Juego sin recuperar la distancia mínima

 
PP y Vox mantienen la Ley del Juego en la Comunitat Valenciana y rechazan recuperar la distancia mínima con colegios y hospitales
La Comunitat Valenciana no modificará su normativa del juego tras el rechazo en Les Corts a la propuesta impulsada por el PSPV-PSOE para restablecer la distancia mínima obligatoria de 850 metros entre salones de juego y centros educativos o sanitarios.
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La iniciativa, que contaba con el apoyo de Compromís, no logró salir adelante por la negativa de PP y Vox, partidos que defendieron mantener la reforma aprobada en 2023 que eliminó este requisito en la renovación de licencias.

Durante el debate parlamentario, la diputada popular Mari Carmen Contelles argumentó que la propuesta socialista “no responde a ninguna necesidad real ni a ningún agujero normativo, sino a un problema de falta de proyecto”. Contelles insistió en que “el juego es una actividad legal y regulada” y que el objetivo debe centrarse en “establecer límites, mecanismos de control y herramientas de supervisión efectivas, que es lo que está haciendo el Consell”.

Desde Vox, María Teresa Ramírez reforzó esta posición y afirmó que “la mejor política que podemos hacer es prevención y detección de síntomas de adicciones tempranas, no la prohibición de salones de juego que están regulados”.

El Consell sostiene que la normativa vigente “no ha provocado un aumento en el número de salones de juego” ni “una sobreexposición de la población a los estímulos del juego”, y que mantenerla “refuerza la seguridad jurídica del sector” y garantiza “un equilibrio entre prevención, control y actividad económica”.

La propuesta del PSPV-PSOE, respaldada por Compromís, pretendía revertir la modificación aprobada hace dos años con el objetivo de endurecer las condiciones para la apertura de nuevos locales de juego. Sin embargo, PP y Vox, que ya impulsaron la eliminación de la distancia mínima en la anterior legislatura, consideran que volver atrás sería perjudicial para la estabilidad del sector y para la confianza jurídica de las empresas.

La normativa actual, además, se aprobó con el fin de evitar la caducidad masiva de autorizaciones y asegurar la continuidad de la actividad de un sector que aporta ingresos fiscales, genera empleo y dinamiza la economía regional.
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