La intervención de Santiago Asensi, socio director de Asensi Abogados y uno de los mayores expertos jurídicos del sector del juego, fue la más crítica de la V Jornada de Integridad organizada por la Policía Nacional y LaLiga. Comenzó agradeciendo el trabajo de las fuerzas de seguridad y la coordinación existente entre Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza, LaLiga, Tennis Integrity y la Dirección General de Ordenación del Juego. Sin embargo advirtió de que todo ese esfuerzo se diluye cuando los casos llegan a los juzgados.
Asensi denunció que el artículo 286 bis cuarto del Código Penal, que tipifica el amaño deportivo, está obsoleto y mal diseñado. Explicó que la ley exige que la manipulación afecte al resultado del partido, pero la mayoría de amaños actuales se producen en mercados secundarios como tarjetas, córners, penaltis o primeros eventos de un encuentro. Este desfase normativo impide la persecución eficaz de la corrupción deportiva. Recordó que desde 2010 solo hay dos sentencias condenatorias en España relacionadas con amaños, y ambas vinculadas a resultados finales, no a mercados parciales.
El abogado alertó además del colapso judicial. Dijo que los juzgados están saturados con casos menores y no disponen de tiempo ni formación para entender un fraude tan tecnológico. Mientras las fuerzas policiales trabajan de forma excelente, cuando los asuntos llegan a instrucción los jueces tratan de archivarlos por complejidad o falta de recursos. Esto deja a los operadores totalmente desprotegidos.
Asensi ofreció varios ejemplos reales que ilustran esta situación. El más llamativo fue el caso de un jugador que ingresó 25.000 euros y en pocas semanas acumuló 120.000 euros en beneficios. Cuando el operador pidió justificar el origen del dinero, el jugador respondió que procedía de dinero B entregado por un tercero. El operador denunció el caso al SEPBLAC, bloqueó la cuenta y devolvió los depósitos, pero se negó a pagar las supuestas ganancias para no facilitar un delito de blanqueo. La reacción del jugador fue interponer una querella por estafa contra el director financiero, el consejero delegado y el propio Santiago Asensi, en calidad de representante permanente, figura que no toma decisiones operativas. La causa tardó meses en archivarse, generando lo que el abogado calificó como una experiencia traumática.
Asensi explicó también que su despacho gestiona cerca de 3.000 litigios civiles vinculados a fraude. Señaló que aproximadamente el 85 por ciento de las demandas recibidas por los operadores hacen referencia a cierres o limitaciones de cuentas. En estos casos son los jugadores quienes exigen que un juez obligue al operador a permitirles seguir apostando. Recordó ejemplos extremos: un usuario que realizaba ocho apuestas por segundo y más de 500 apuestas al día, algo imposible sin bots; otro que pasó de ser un mal jugador a convertirse en uno de los mejores cien del mundo de la noche a la mañana; o un caso en el que una mujer fue obligada por un hombre no identificado a superar la verificación en vídeo.
El abogado criticó que muchos jueces aceptan las versiones de los jugadores porque no comprenden el funcionamiento técnico del sector. En ocasiones llegan a obligar a reabrir cuentas asociadas a fraude o a invalidar las reglas internas del operador. Asensi insistió en que no existe un derecho a apostar y que el operador debe poder negarse a prestar servicio si identifica actividad fraudulenta. Para ello solicitó una reforma urgente de los términos jurídicos que regulan el cierre de cuentas y de la normativa de blanqueo de capitales.
En su intervención final reiteró que el Código Penal, la regulación de juego y el sistema judicial deben modernizarse para poder actuar con rapidez y eficacia contra redes criminales que utilizan herramientas altamente sofisticadas. También pidió que los operadores reciban protección jurídica y que las investigaciones policiales puedan tener continuidad real en los tribunales.
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