El mercado regulado de apuestas deportivas en Brasil, que acaba de cumplir su primer año de vida, corre el riesgo de convertirse en víctima de su propio éxito si el Gobierno opta por acelerar la presión fiscal sobre los operadores que cumplen las normas sin antes consolidar la lucha contra el juego ilegal.
Así lo advierte Edward Chandler, Global CEO de la fintech de pagos OKTO, en una tribuna en la que analiza el impacto de las propuestas para elevar el impuesto sobre el GGR de las apuestas.
En apenas doce meses, Brasil ha pasado de un escenario de crecimiento caótico, con tasas de tres dígitos, a un mercado altamente estructurado y competitivo a escala global. La regulación ha desplazado a millones de jugadores desde páginas offshore opacas hacia entornos regulados, trazables y basados en PIX, y ha generado ya miles de millones en ingresos fiscales para el Estado brasileño. Solo en lo que va de año, los operadores regulados habrían aportado alrededor de 7.900 millones de reales en impuestos.
Sin embargo, Chandler subraya que estos avances no son irreversibles. Según sus datos, todavía el 51 por ciento de la actividad de apuestas en Brasil sigue siendo ilegal. A pesar de ello, los debates actuales se centran en subir el impuesto sobre el GGR desde el 12 por ciento hasta niveles que podrían alcanzar el 18 por ciento, es decir, sobre la parte del mercado que ya ha asumido costes de licencia, cumplimiento y tecnología.
Para el directivo de OKTO, la prioridad debería ser exactamente la contraria: industria y regulador deben actuar juntos para eliminar el mercado ilegal, que hoy se estima incluso mayor que el segmento regulado y en crecimiento. Advierte de que sin una estrategia coordinada de enforcement, pagos y compliance, cada subida de impuestos corre el riesgo de abrir aún más la brecha entre legal e ilegal. La consolidación del ecosistema regulado, sostiene, exige no solo mejores normas, sino un esfuerzo unificado de intercambio de información entre autoridades, operadores y proveedores de pago.
Chandler identifica dos grandes efectos de un aumento prematuro de la carga fiscal. Por un lado, reduciría la competitividad de los operadores licenciados, que ya han absorbido fuertes inversiones en KYC, prevención de blanqueo, infraestructura de pagos en tiempo real y adaptación tecnológica que los operadores ilegales no asumen. Al estrechar sus márgenes, Brasil podría frenar el crecimiento a largo plazo del sector y terminar recaudando menos, con independencia de que el GGR se grave al 12, al 15 o al 18 por ciento.
Por otro lado, una subida del impuesto actuaría como un incentivo indirecto para el juego ilegal. Cuanto mayor sea la presión económica sobre las casas reguladas, más atractivo resultará para los jugadores sensibles al precio migrar hacia plataformas sin licencia que ofrecen mejores cuotas, retiradas más rápidas y cero supervisión regulatoria. En la práctica, esto se traduce en un mayor flujo de dinero hacia las redes criminales que la legislación aprobada en enero precisamente pretendía desmantelar.
El CEO de OKTO recuerda que el último año ha demostrado que la regulación funciona cuando se aplica de forma consistente. La industria ha incorporado sistemas robustos de verificación de identidad y controles de prevención del blanqueo de capitales, reforzados por la trazabilidad en tiempo real de PIX, y los proveedores de pagos que operan en el país se han alineado con estos requisitos al apoyar modelos basados en cumplimiento y transparencia. Las autoridades han bloqueado miles de sitios ilegales, demostrando capacidad y voluntad de actuar.
Por ello, Chandler considera que en esta fase la estabilidad regulatoria es clave. Un incremento brusco del impuesto funcionaría como un mecanismo de anticonsolidación al presionar precisamente a los operadores que más invierten en cumplimiento y protección del consumidor. Al limitar su capacidad de escala y de reinversión, se reduce la competencia que debería desplazar de forma natural a los actores ilegales hacia la marginalidad.
La decisión estratégica para los legisladores, concluye, es clara: o se consolida un mercado sostenible, predecible y competitivo con un régimen fiscal estable, o se persigue un impacto recaudatorio inmediato a costa de erosionar la legitimidad construida en los últimos doce meses y de alimentar la larga cola de operadores no regulados.
Si Brasil aspira a un sector capaz de generar empleo, inversión y miles de millones de ingresos fiscales de forma recurrente, la prioridad, según el máximo responsable de OKTO, debe ser culminar la agenda de consolidación y enforcement. Los próximos doce meses deberían estar marcados por un refuerzo de la lucha contra el juego ilegal, una mayor protección del consumidor y la migración completa de los jugadores hacia el ecosistema autorizado. Lo contrario, advierte Chandler, sería permitir que el sector se convierta en víctima de su propio éxito inicial y tratar como garantizado un progreso que sigue siendo frágil y que aún necesita estabilidad antes de “subir el precio de jugar limpio”.
18+ | Juegoseguro.es – Jugarbien.es
