El Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) ha lanzado una dura advertencia tras la aprobación de la Cide-Bets en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, al considerar que la nueva contribución especial y la posible cobranza retroactiva de impuestos a las casas de apuestas reguladas “fortalecerán el crimen organizado” y penalizarán al mercado formal.
Según explica el organismo en un comunicado difundido en sus canales oficiales, la Cide-Bets, que grava con un 15 % los depósitos de los apostadores, genera una ventaja competitiva directa para las plataformas clandestinas. En la práctica, ejemplifica el IBJR, “cuando el jugador deposita 100 reales, en las empresas que cumplen la ley solo se acreditan 85 reales, mientras que en el mercado ilegal el mismo importe vale íntegramente 100”. Para la entidad, este diferencial es un “incentivo directo a la migración hacia la clandestinidad”.
La preocupación del instituto no se limita al nuevo tributo sobre depósitos. El IBJR también se declara “extremadamente inquieto” por la posibilidad de que se aplique una cobranza retroactiva de impuestos de los últimos cinco años a las casas de apuestas reguladas por el Gobierno Federal. A su juicio, esta medida pondría en riesgo la sostenibilidad económica del sector formal, que ya opera bajo una carga fiscal significativa.
El instituto recuerda, citando un estudio de la consultora LCA, que el 51 % de las plataformas de apuestas que operan en Brasil lo hace en la ilegalidad, moviendo hasta 78.000 millones de reales al año, de los cuales más de la mitad fluye sin pagar ningún tipo de tributo. El 49 % restante, correspondiente al mercado regulado, debería aportar en 2025 alrededor de 9.000 millones de reales en impuestos federales, a los que se suman PIS, COFINS, ISS y otras figuras que constituyen una base relevante de financiación pública.
Desde esta perspectiva, el IBJR sostiene que un nuevo impuesto sobre depósitos no incrementa la recaudación neta, sino que “canibaliza” la ya existente al reducir el espacio competitivo del mercado regulado y ampliar el de la clandestinidad. En otras palabras, al encarecer la experiencia de juego en las plataformas licenciadas, se empuja a una parte de los apostadores hacia sitios no autorizados que no pagan impuestos, no cumplen estándares de integridad ni ofrecen garantías de juego responsable.
El instituto también cuestiona la premisa financiera que respalda la Cide-Bets. El Gobierno ha llegado a mencionar una recaudación potencial de 30.000 millones de reales anuales, una cifra que, subraya el IBJR, se pretende obtener a partir de un mercado formal que hoy factura cerca de 36.000 millones de reales. En la práctica, se estaría proyectando “cobrar en tributos casi el equivalente a todo el volumen de negocio del sector regulado”, algo que el organismo califica de “matemáticamente imposible” y que, de concretarse, inviabilizaría la actividad económica formal.
Para el IBJR, que agrupa a algunos de los principales operadores del mercado regulado brasileño, el camino para reforzar la financiación de la seguridad pública pasa por combatir de forma efectiva el juego ilegal y consolidar el ecosistema regulado, no por aplicar nuevos gravámenes que penalicen a las empresas que ya cumplen la ley. La entidad insiste en que el equilibrio entre recaudación, competitividad y canalización hacia el mercado legal es clave para que Brasil no vea cómo el crimen organizado se convierte “en el gran ganador” de la política fiscal sobre las apuestas.
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