Reguladores europeos piden más mano dura y cooperación transnacional para frenar el juego ilegal en plena era de la IA

El futuro de la regulación del juego en Europa pasa por una intervención más estricta, el uso de inteligencia artificial para detectar conductas de riesgo y, sobre todo, una cooperación transnacional efectiva para frenar al mercado ilegal. Estas fueron las principales conclusiones de la primera sesión del I Congreso Internacional de Juego, donde representantes de los organismos reguladores de Italia, Alemania, Reino Unido y España debatieron sobre los desafíos de una industria en plena transformación digital.

Bajo la moderación de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) de España, el panel "Retos y perspectivas de la regulación del juego en Europa" evidenció que, aunque cada país opera con legislaciones distintas, los problemas son compartidos. Elisabetta Poso, de la Agencia de Aduanas y Monopolios de Italia, abrió el debate ilustrando el cambio sísmico que ha vivido su país tras la pandemia: el juego online ha crecido más de un 150% desde 2019, absorbiendo 10.000 millones de euros que antes pertenecían al canal presencial. Ante esta realidad, Italia ha puesto el foco en una reforma que endurece los requisitos de solvencia para las nuevas concesiones y prioriza la lucha contra la infiltración criminal en el sector.

Modelos de protección más severos Uno de los enfoques más contundentes provino de Alemania. Robert Müller, representante de la Autoridad Conjunta de los Estados Federados, describió el sistema alemán como uno de los más restrictivos del continente. Con una autoridad centralizada operativa desde hace apenas tres años, Alemania ha optado por trasladar la responsabilidad de la protección del usuario al operador, bajo la premisa de que un jugador que pierde grandes sumas no siempre actúa racionalmente. Entre sus medidas destacan los límites de depósito conjuntos entre operadores y la prohibición del juego paralelo, apoyándose en el uso obligatorio de inteligencia artificial para la detección temprana de adicciones.

Desde una perspectiva de mercado más madura, Andrew Rhodes, de la Gambling Commission del Reino Unido, señaló que el 48% de la población adulta británica participa en juegos de azar, en un sector que mueve 15.600 millones de libras anuales. Rhodes destacó un cambio semántico clave en su estrategia: el abandono del término "Juego Responsable" en favor de "Juego más seguro" (Safer Gambling), para enfatizar que la seguridad es un deber del proveedor del servicio. Asimismo, alertó sobre los riesgos de la "hiperpersonalización" de la oferta mediante IA y el uso de criptoactivos para eludir controles financieros.

El escenario español y el mercado ilegal Por parte de España, Mikel Arana, director general de la DGOJ, aportó un dato preocupante sobre la sostenibilidad ética del modelo de negocio actual: el 80% de las pérdidas del sector se concentran en apenas el 10% de los jugadores más intensivos. Arana identificó como prioridades la reducción de este daño y el combate contra el juego ilegal, que aunque representa un porcentaje minoritario (4-5%), sirve de refugio para personas autoprohibidas y es un foco de fraude y blanqueo de capitales.

El congreso cerró esta sesión con un consenso unánime sobre la necesidad de herramientas de bloqueo internacional. Los reguladores coincidieron en que, para ser efectivos frente a operadores ilegales globales, es imprescindible la colaboración técnica con gigantes tecnológicos y proveedores de servicios de pago, superando las limitaciones de las fronteras nacionales.