Un diario local informa de que el Ayuntamiento de El Prat llevará al Tribunal Supremo la defensa de sus competencias para limitar la apertura de locales de juego
Según publica un diario local, el futuro del control municipal sobre las casas de apuestas en Catalunya podría quedar condicionado por un caso singular: el del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, un municipio que no cuenta con bingos ni casinos en su término municipal, pero que ha decidido llevar hasta el Tribunal Supremo la defensa de su plan urbanístico para limitar la implantación de establecimientos de juego.
La información señala que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de El Prat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anuló parte de su planificación urbanística destinada a impedir la proliferación de locales vinculados al juego.
La paradoja del caso reside precisamente en que El Prat no dispone actualmente de ningún bingo ni casino. Según la misma información, únicamente existe un salón de juego situado en un centro comercial próximo, pero ya dentro del término municipal de Cornellà.
En este contexto, la patronal catalana del sector, Patrojoc, ha cuestionado la utilidad real de este plan urbanístico, al considerar que no tendría un impacto efectivo sobre la actividad al no existir este tipo de establecimientos en el municipio.
Por su parte, el Ayuntamiento de El Prat defiende que su actuación responde a una lógica preventiva, con el objetivo de evitar que el problema llegue a producirse, especialmente en relación con la preocupación social por el acceso de los jóvenes al juego.
El debate jurídico que deberá resolver el Tribunal Supremo se centra en determinar si los ayuntamientos pueden imponer restricciones adicionales a las ya previstas por la Generalitat o si, por el contrario, este tipo de medidas invaden competencias autonómicas.
La normativa catalana establece actualmente importantes limitaciones para el sector, como la imposibilidad de abrir nuevos salones de juego o bingos si existe otro establecimiento autorizado en un radio de 1.000 metros, así como restricciones de ubicación cerca de centros educativos o edificios institucionales.
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