El presidente del Grupo Juan Padrón denuncia en El Espejo Canario la falta de coordinación de la Administración autonómica, la avalancha de casi 100 licencias de salones en seis meses y la presión fiscal sobre el bingo tradicional
El presidente del Grupo Juan Padrón, Manuel Padrón, ha ofrecido una entrevista en el magazine radiofónico El Espejo Canario, dirigido y presentado por Francisco J. Chavanel, en la que ha lanzado duras críticas al funcionamiento de la Administración autonómica en la regulación del juego, la fiscalidad del sector y el descontrol en la apertura de nuevos salones en las islas.
El empresario, al frente de un grupo familiar con casi cinco décadas de trayectoria, cerca de una quincena de sociedades y más de 800 trabajadores, sitúa entre 60 y 70 millones de euros la aportación fiscal anual de sus actividades en los sectores del juego y el ocio, que incluyen casinos, bingos, salones de juego, máquinas recreativas y espacios como Holiday World.
"La fiscalidad del bingo es confiscatoria"
Uno de los focos de la entrevista fue la presión fiscal sobre el sector. Padrón explicó que el cartón físico de bingo soporta inicialmente una tasa del 25%, que se eleva a medida que aumenta la facturación hasta poder alcanzar el 40% a partir de 3,5 millones de euros de venta de cartones. "La fiscalidad del bingo es confiscatoria", afirmó, advirtiendo de que el bingo tradicional pierde terreno frente al electrónico y de que los impuestos no deberían condicionar la modalidad que elige el cliente.
El empresario reivindicó que el jugador pueda optar libremente entre el cartón físico y el electrónico, "pero que la fiscalidad no sea la que me mate". Sobre el peso de la recaudación pública en los ingresos del sector, que cifró en 400 millones de euros en cinco años, resumió: "Mi socio tonto es el que más lleva".
Una Administración que "funciona fatal"
Padrón dirigió buena parte de sus críticas al funcionamiento de la Administración autonómica, a la que reprocha lentitud, inseguridad jurídica y falta de comunicación entre departamentos. "La Administración funciona fatal", sentenció. A su juicio, Presidencia regula el sector, Hacienda recauda y Comercio clasifica los establecimientos, pero sin coordinación suficiente: "Las administraciones, no sé qué pasa, pero es que son como reinos de taifas, vasos no comunicantes".
El empresario respaldó la sustitución del antiguo sistema de licencias por la declaración responsable como vía para agilizar los trámites, pero subrayó que su eficacia depende de la inspección posterior: "Que la Administración haga de policía, que investigue y que controle eso".
Casi cien licencias en seis meses
Padrón alertó de la expansión de salones tras el fin de la moratoria que mantuvo bloqueada la planificación desde 2020 hasta finales de 2023. "En seis meses salieron casi 100 licencias a la calle", afirmó, señalando que la mayoría se concentra en Gran Canaria y Tenerife. El empresario asegura que avisó a la Administración del volumen de solicitudes, pero que los organismos reaccionaron tarde, cuando muchos operadores ya habían presentado declaraciones responsables y adquirido derechos. "Esto es un desmadre", resumió.
Criticó además el intento posterior del Gobierno de Canarias de limitar con efectos retroactivos los establecimientos situados a menos de 300 metros de centros educativos, una solución que, a su juicio, genera un nuevo problema jurídico al poder obligar a indemnizar a quienes ya disponen de autorización válida.
Galerías convertidas en centros comerciales y la sentencia sobre los colegios
El presidente del grupo denunció también el uso de las galerías comerciales para eludir las restricciones a la instalación de salones. Explicó que Presidencia exige un certificado de Comercio que acredite que el emplazamiento es un centro comercial, pero que el departamento no lo expide cuando el recinto no figura en un registro de inscripción voluntaria —caso, según dijo, de espacios como La Ballena o el Jumbo—, mientras pequeñas galerías se autodefinen como centros comerciales vía declaración responsable. "Las galerías comerciales no son centros comerciales", afirmó.
Padrón se refirió asimismo a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, según explicó, permitió que los colegios de Educación Infantil y Primaria no computen como centros educativos a efectos de la distancia mínima para instalar un salón, lo que abre la puerta a aperturas a más de 50 metros de un CEIP pese a la regla general de 300 metros respecto a los centros de enseñanza.
Control de acceso y protección de menores
El empresario, que forma parte desde hace años de una plataforma a favor del juego sostenible, defendió la implantación de controles físicos de acceso en todos los salones, similares a los de casinos y bingos. "En nuestros salones de juego no entran menores. Y tenemos un control férreo", garantizó, mostrándose a favor de todas las medidas para reforzar la protección de los usuarios, una posición que reconoce que genera discrepancias dentro del propio sector.
Santa Catalina, jubilación y una reclamación de respuestas
Padrón repasó también los litigios pendientes en torno al Hotel Santa Catalina, que la familia gestionó durante más de dos décadas, con un juicio civil previsto en noviembre por los premios de jubilación reclamados tras la pérdida de la concesión. A sus 68 años, avanzó que quiere jubilarse a los 70 y que a partir de ahora será más directo: "Ya no quiero tener pelos en la lengua ni tener miedo".
El presidente del Grupo Juan Padrón anunció que después del verano volverá a dirigirse a los responsables autonómicos y locales para reclamar coordinación entre Presidencia, Hacienda, Comercio y los ayuntamientos, la actualización de los registros y la fiscalización de las declaraciones responsables. "Cada uno atendiendo lo suyo. Y llegan tarde", concluyó.
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