Una mujer de 79 años reclama 35.000 euros de la ONCE tras descubrir que su marido la inscribió sin permiso como autoprohibida

Una mujer de 79 años de la Región de Murcia ha acudido a los tribunales para intentar cobrar un premio de 35.000 euros obtenido con un cupón de la ONCE.

El pago permanece bloqueado porque su nombre figura en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, pese a que ella asegura que nunca solicitó ser incluida. El caso, publicado por EL PAÍS, se remonta a agosto de 2025, cuando Carmen —nombre empleado por el periódico— resultó premiada con un cupón adquirido en el club de mayores de Los Alcázares al que acudía habitualmente con sus amigas.

Cuando trató de cobrar el dinero, el banco le comunicó que no podía abonárselo porque aparecía inscrita en el registro estatal de personas autoprohibidas. Hasta ese momento, ni ella ni sus seis hijos tenían conocimiento de la inscripción, realizada 13 años antes.

Una solicitud presentada en 2012

Las posteriores reclamaciones permitieron a la familia acceder al documento utilizado para darla de alta en enero de 2012. Se trataba de un burofax redactado en nombre de Carmen en el que se afirmaba que acudía frecuentemente a casinos y establecimientos de juego y que esa actividad le había provocado una grave pérdida patrimonial. En el escrito también se autorizaba al marido a presentar la solicitud porque la mujer supuestamente no podía conducir ni desplazarse. Sin embargo, su hija sostiene que la situación era precisamente la contraria: era el marido, fallecido en 2015, quien se encontraba enfermo, mientras que Carmen se encargaba de trasladarlo a sus citas médicas.

La familia asegura además que el documento contiene datos incorrectos, como el lugar de nacimiento de la afectada, y una firma que no se corresponde con la suya y en la que incluso aparece mal escrito uno de sus apellidos. Según el relato de la hija, el marido mantenía una actitud controladora y rechazaba que su esposa acudiera a los pequeños bingos organizados en el centro social de la localidad.

La familia considera que una discusión relacionada con esas reuniones pudo motivar la inscripción. Dos procedimientos abiertos El abogado de la mujer, Antonio Ruiz, director de RPB Legal, mantiene abiertas dos vías para resolver el caso. Por un lado, ha recurrido la negativa al pago del premio, un procedimiento que se encuentra actualmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Paralelamente, ha solicitado la nulidad de pleno derecho de la inscripción en el registro de autoprohibidos al considerar que fue fraudulenta y que nunca debió ser aceptada.

La defensa subraya que la solicitud no se tramitó mediante los procedimientos oficiales disponibles, como la sede electrónica de la Dirección General de Ordenación del Juego o la comparecencia personal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Además, según la documentación administrativa incorporada al procedimiento, el alta se habría realizado utilizando un formulario no normalizado.

La ONCE asegura que pagará si se anula la inscripción

La ONCE ha explicado que no puede entregar premios a las personas que figuran en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, ya que la normativa se lo impide. La organización señala que abonará los 35.000 euros de manera inmediata en caso de que la Administración o los tribunales declaren nula la inscripción. También indica que este tipo de situaciones son poco frecuentes, aunque existen otros procedimientos judiciales anteriores relacionados con premiados que figuraban en el registro.

Mientras se resuelve el litigio, la familia sostiene que el principal objetivo es demostrar a Carmen que no está siendo engañada. Su hija asegura que la situación ha afectado especialmente a la mujer, que padece párkinson, y confía en que pueda recuperar la tranquilidad y utilizar el premio para viajar, como había planeado inicialmente.