Ramón Cubián (Comunidad de Madrid) impulsa el documento de consenso de las 17 comunidades autónomas ante la DGOJ en defensa de sus competencias
El responsable del juego en Madrid promovió la reunión de las 17 comunidades y detalló en el Expocongreso el texto conjunto en defensa de la libertad de empresa y las competencias autonómicas.
Ramón Cubián (Comunidad de Madrid) impulsa el documento de consenso de las 17 comunidades autónomas ante la Dirección General de Ordenación del Juego en defensa de sus competencias
El responsable del juego en Madrid promovió la reunión de las 17 comunidades y detalló en el Expocongreso el texto conjunto en defensa de la libertad de empresa y las competencias autonómicas.
El director general responsable del juego en la Comunidad de Madrid, Ramón Cubián, impulsó la reunión de las 17 comunidades autónomas que ha desembocado en un documento de consenso dirigido a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y al Consejo de Políticas del Juego, y así lo explicó en la mesa redonda del Expocongreso de Torremolinos. "Esto no había pasado hasta ahora", destacó, subrayando que el texto reúne "distintas sensibilidades políticas" en torno a la defensa de las competencias autonómicas.
Cubián arrancó su intervención con una reflexión sobre Ceuta, recogiendo la idea, expresada por un ponente anterior, de que "este sector no es una burbuja" y debe plantear su futuro dentro del entorno social, político y económico actual. "No hablo de mi solidaridad con los ceutíes, sino de mi daño como español junto con los ceutíes", afirmó, al considerar que la situación en la ciudad autónoma afecta al ejercicio de derechos como el ocio, la educación o la actividad económica.
El responsable madrileño situó el origen de la iniciativa tras el Consejo de Políticas del Juego de 2023, cuando —reconoció— la directora de Cataluña, Natalia, le trasladó la primera idea de crear un foro de coordinación entre comunidades. Ese planteamiento, explicó, surgió ante el intento de la Dirección General de Ordenación del Juego de asumir una función de coordinación sobre las comunidades autónomas en materia de protección de los vulnerables en el juego presencial, algo que Cubián rechazó al defender que "cada comunidad autónoma tiene una realidad política, económica, social y empresarial distinta".
En su repaso, el director general fue crítico con el organismo estatal. Cuestionó que desde la DGOJ se hable del "daño" del juego en lugar del "riesgo" —lo comparó con imaginar una campaña oficial sobre "el daño de las motos"— y censuró que este año se hayan destinado más de 3,2 millones de euros en subvenciones a estudios, trabajos e investigaciones universitarias que, en su opinión, en buena medida responden a un "sesgo político" orientado a "atacar al juego". "Estamos subvencionando con su dinero estudios para atacarles a ustedes", dijo dirigiéndose al sector.
Cubián detalló que la Comunidad de Madrid llegó al Consejo de Políticas del Juego de este año con dos inquietudes: la posible autorización de máquinas en hostelería no reguladas —sobre la que garantizó que Madrid "tiene la certeza de que no se van a autorizar"— y el impulso de la DGOJ a la modificación de la Ley 13/2011 del Juego. Sobre esta última, reconoció que algunos de sus objetivos, como reforzar la protección de la identidad en el juego online frente a casos de suplantación, "parecen razonables", pero advirtió de que la reforma "no va a ver la luz" y reprochó que el organismo haya estado "más preocupado por invadir las competencias de las comunidades autónomas que por adecuar la ley".
El responsable madrileño ligó la protección de los más vulnerables al ejercicio libre de la actividad regulada: "La garantía de seguridad genera garantía también del libre ejercicio de una actividad". Como ejemplo, aportó datos de la Comunidad de Madrid, donde en los últimos tres años se ha registrado "un caso de menor en establecimiento de juego" y ninguno en las zonas de especial protección próximas a colegios. También reivindicó la confianza como motor del mercado: "Si el mercado tiene confianza, funciona con independencia del dato; y si no la tiene, con independencia del dato, no funciona".
Sobre el proceso, Cubián explicó que las comunidades se reunieron el 14 de julio —doce de forma presencial y cinco online, las 17 en total—, elaboraron unas líneas de propuesta y las integraron recogiendo las aportaciones de varios territorios. La nota definitiva se cerró a finales de julio, con el último visto bueno el 4 de septiembre; el texto quedó presentado el 7 de septiembre, con acuse de recibo el día 10, firmado por las 17 comunidades autónomas. El director general subrayó el valor de haber logrado ese acuerdo pese a las distintas sensibilidades políticas —comunidades gobernadas por el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista, el Partido Socialista de Cataluña, el Partido Popular, Coalición Canaria o partidos independientes—: "Estamos hablando de algo que compartimos, que es la defensa de esa libertad".
En cuanto a su contenido, el documento fija como objetivo común la salud pública y aborda la protección de los vulnerables, la planificación, la ordenación y la contención. El texto defiende que el juego público y privado, estatal o autonómico, tiene "una percepción social única" para los ciudadanos y reclama una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas —también en el Consejo de Políticas del Juego— ante la posible aparición de nuevas formas de comercialización presencial del juego. Asimismo, pide que, aprovechando la modificación de la Ley 13/2011, se garantice el marco de colaboración institucional para mantener la eficacia del sistema de protección.
Cubián cerró su intervención reivindicando los principios y valores que sustentan la posición autonómica por encima de los datos concretos de cada territorio, y defendió la libertad de empresa y la libertad individual como condición del propio mercado: "Si no hay libertad, no habrá mercado". El director general se ofreció, además, a facilitar los datos del sector en la Comunidad de Madrid a quien tuviera interés.
