DURÍSIMO Jesús Serrano: "el Supremo blinda el privilegio de la ONCE frente a las máquinas de bares y salones, pero ¿está el “Rasca” realmente exento?"

El abogado especializado en juego Jesús Serrano Escudero protagonizó una de las intervenciones más duras de la primera mesa-coloquio del XIX Congreso de Juego de Castilla y León, en Soria. La mesa, “Los distintos juegos de azar en la encrucijada: ¿evolución o reconversión?”, estuvo moderada por Fátima Pablos Mateos, directora general de Tributos de la Junta de Extremadura. Serrano compartió debate con Carlos Duelo, director corporativo de Relaciones Institucionales de CIRSA, y Rodrigo García Barquín, jefe de Proyectos de Interconexión Castilla y León.

Frente a quienes ven en el sector una simple evolución, Serrano respondió sin titubeos a la pregunta del título: “Claro que creo que estamos en una situación de encrucijada”. Anunció que se referiría a dos aspectos recientes y que, al menos en el primero, apuntaría soluciones que, a su juicio, “podrían alcanzarse”.

“Total discrecionalidad y privilegio” para el juego estatal

El primero, y el que centró toda su intervención, fue la doctrina del Tribunal Supremo sobre los terminales de juego de la ONCE, surgida de un conflicto en Asturias. Según Serrano, esa jurisprudencia viene “a avalar la total discrecionalidad y privilegio hacia estos operadores estatales”, en particular en la instalación de sus terminales. Y eso, advirtió, “sin duda alguna puede afectar a la oferta de juego debido a la diferencia de trato respecto a los juegos públicos y privados”.

Del conflicto de Asturias al Supremo

El abogado reconstruyó el origen del caso. Asturias prohibió los terminales de juego de la ONCE en los bares y la resolución administrativa fue recurrida. El Tribunal Superior de Justicia declaró admisible el recurso, pero entendió a la vez que las competencias autonómicas se habían extinguido, y el asunto acabó en el Tribunal Supremo.

El alto tribunal, explicó Serrano, se ha pronunciado en dos sentencias, entre ellas una de 2023, que ofreció facilitar después a los asistentes. En un primer momento, el Supremo situó el interés nacional en las competencias de intervención e inspección, sin considerarlas accesorias. Pero centró el debate en si las comunidades autónomas tienen competencia para autorizar estos juegos.

La conclusión fue doble: las comunidades no tienen competencias para autorizar los juegos de reserva estatal y, en consecuencia, tampoco las tienen de intervención e inspección sobre ellos.

Para llegar ahí, el tribunal se apoyó en la Ley 13/2011, de regulación del juego, en concreto en su artículo 9 y en el apartado 5 de su disposición adicional primera. Esos preceptos establecen que todas las actividades de juego necesitan un título habilitante, salvo las sometidas a la reserva estatal. El Supremo rechazó además la tesis de la comunidad autónoma, que defendía que la exención solo alcanzaba a los actos de autorización y operativa y no a la comercialización de esos juegos.

El precedente andaluz de 2015

Serrano recordó que esta doctrina refuerza una posición que el Supremo ya mantuvo en 2015, en un recurso planteado en Andalucía contra una regulación que asimilaba las máquinas a los terminales de juego. Entonces se alegó que esa asimilación distorsionaba la reserva prevista en la ley. Pero el tribunal la consideró compatible con la competencia entre juegos y concluyó que la discriminación positiva del juego estatal “está justificada por razones de interés público e intereses generales del Estado”.

Máquinas de bares y salones, contra las cuerdas

Para el juego privado, el diagnóstico fue claro. En particular para las máquinas recreativas, tanto en el canal de hostelería como en los salones de juego, esta situación “puede resultar de gran gravedad. Creo que es bastante preocupante”, subrayó.

Cuatro propuestas y una pregunta incómoda sobre el “Rasca”

Ante este escenario, Serrano planteó cuatro sugerencias “no excluyentes y que pueden ser concurrentes”, y desarrolló la primera. Parte de un criterio de la propia Abogacía del Estado, que en 2017 interpretó que la exención de la disposición adicional para los locales y equipos que comercialicen juegos de estas entidades afectaba solo a los que ya existían antes de la entrada en vigor de la ley.

De ahí la pregunta que lanzó al auditorio: “¿Un juego como el ‘Rasca’, que es el que verdaderamente está en cuestión, está amparado por esa exención, teniendo en cuenta que entró en vigor en 2014-2015? Es una perspectiva que se podría analizar”.

Serrano ya ha denunciado en Infoplay lo que calificó como la interpretación “torticera” de la ONCE sobre la nueva ley del juego de Castilla y León.