Paraguay quiere un regulador del juego con autonomía: el Senado estudia crear la Dirección Nacional de Juegos de Azar con solo 12 inspectores en la actual comisión
El Senado de Paraguay estudia el nuevo regulador del juego. Fotos: Senado de Paraguay.
Las comisiones del Senado prevén tener un texto consensuado en 15 días.
El Senado de Paraguay ha empezado a estudiar el proyecto de ley “Que crea la Dirección Nacional de Juegos de Azar y establece el régimen jurídico de los juegos de azar”, con el que el Gobierno quiere sustituir a la actual Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) por un regulador con autonomía institucional. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo reunió el lunes 26 de octubre a varias comisiones asesoras, a la Conajzar, a la Agencia Tributaria paraguaya, al Ministerio de Economía y Finanzas y a los operadores privados.
El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo el 12 de octubre, supone un giro respecto al modelo aprobado hace apenas un año. Como recordó en la reunión el senador Líder Amarilla, la Conajzar no dependía antes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la agencia tributaria del país, y fue integrada en ella hace aproximadamente un año. La nueva propuesta, señaló, “plantea nuevamente la posibilidad de otorgarle autonomía institucional”.
El senador Luis Pettengill, que presidió la reunión como vicepresidente de la comisión, puso cifras al problema. Según explicó, la Conajzar cuenta con apenas 12 funcionarios para controlar el sector en todo el país, y sus limitaciones administrativas y presupuestarias le impiden ampliar la fiscalización. “Tenemos un gran descontrol en la parte de los juegos para los menores en todas las ciudades del país”, advirtió. Recordó además que la normativa vigente data de 1997 y que desde entonces la tecnología ha cambiado sustancialmente el juego, “especialmente a través de internet”.
El presidente de la Conajzar, Carlos Liseras, informó de que la recaudación mensual del sector ha pasado de unos 12.000 millones de guaraníes (unos 1,86 millones de euros) a 21.000 millones (unos 3,26 millones de euros). Esos ingresos contribuyen a financiar la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social. Liseras advirtió de que la explotación clandestina y las apuestas ilegales merman la recaudación del Estado al evadir el pago de los cánones.
El sector privado culpó del crecimiento del juego ilegal al modelo actual. “La realidad es que hoy la DNIT no tiene tiempo de atender y, a consecuencia de eso, el juego ilegal creció abismalmente y la situación empeoró”, afirmó Juan Sosa en nombre de los operadores. El Ministerio de Economía y Finanzas, en cambio, pidió prudencia. Sus representantes defendieron que el análisis contemple no solo la capacidad recaudatoria, sino también “un modelo institucional eficiente” que “evite un crecimiento desproporcionado de la institución”. El senador Ignacio Iramain reclamó que la ley aborde la ludopatía como un problema de salud pública.
En declaraciones públicas recogidas por la prensa paraguaya, Liseras ha avanzado algunas claves del texto. El proyecto sustituiría los permisos provisionales de juego online, vigentes hasta enero de 2028, por 26 licencias que se adjudicarían por concurso. Fijaría un canon mínimo de 12 millones de guaraníes (unos 1.860 euros) más un 7% del Net Win, cifra que según Liseras aún podría revisarse. También tipificaría el juego clandestino como delito con penas de hasta cinco años de prisión. Además, crearía un registro obligatorio para quienes promocionen juego, influencers incluidos.
Pettengill describió la reunión como el arranque de una mesa de trabajo y fijó como objetivo contar con “un texto más definido en un plazo de 15 días”.