ENTREVISTA EXCLUSIVA | Jdigital denuncia la contradicción del nuevo control de pagos: exigencias inmediatas para nuevos jugadores y seis meses para adaptar los sistemas

La entrada en vigor del Real Decreto 813/2026, el pasado 28 de octubre, ha abierto un nuevo frente operativo para los operadores de juego online. La obligación de comprobar que el titular del medio de pago coincide con el de la cuenta de juego plantea dificultades técnicas y dudas sobre los plazos de adaptación.

Jacqueline Mecinas, editora de INFOPLAY, entrevista en exclusiva a Jdigital para conocer la posición de la asociación sobre las nuevas exigencias, las dificultades de cumplimiento y el papel que deben desempeñar las autoridades.

Jacqueline Mecinas, editora de INFOPLAY. ¿Considera Jdigital proporcionada la nueva obligación de verificar la titularidad de los medios de pago?

Jdigital. Jdigital comparte el objetivo de reforzar la prevención del blanqueo de capitales y considera que su eficacia requiere obligaciones proporcionadas al riesgo, técnicamente viables y acompañadas de condiciones que permitan su cumplimiento. La modificación del artículo 21 del Reglamento de prevención del blanqueo de capitales introducida por el Real Decreto 813/2026 plantea dificultades relevantes en estos tres ámbitos.

J. M. ¿Qué dificultades encuentran los operadores para comprobar la titularidad de los medios de pago? ¿Existen herramientas suficientes para hacerlo?

Jdigital. La verificación de que el titular del medio de pago coincide con el titular de la cuenta de juego depende de información y capacidades que, en muchos casos, están en manos de las entidades bancarias y los proveedores de servicios de pago. Las posibilidades de comprobación varían según el instrumento utilizado y su configuración técnica. Por ello, establecer una obligación general exige asegurar previamente la disponibilidad de mecanismos de verificación y articular la colaboración de estas entidades. Su aplicación tiene consecuencias directas sobre los sistemas de los operadores, la gestión de las operaciones y la experiencia de los usuarios.

J. M. El decreto concede seis meses para adaptar los sistemas técnicos, pero exige el cumplimiento inmediato para los nuevos jugadores. ¿Cómo valora Jdigital esta situación?

Jdigital. A estas dificultades se añade la inseguridad jurídica generada por el régimen transitorio, especialmente respecto de los nuevos jugadores. La exigencia de cumplimiento inmediato para las nuevas altas, mientras se contempla un plazo de adaptación de los sistemas técnicos, sitúa a los operadores ante importantes dificultades de cumplimiento. Una reforma de este alcance requiere criterios claros y plazos coherentes con las adaptaciones necesarias.

J. M. ¿Se ha contado suficientemente con el sector durante la elaboración de la reforma? ¿Qué papel debería asumir la Dirección General de Ordenación del Juego?

Jdigital. Jdigital considera que una interlocución temprana y efectiva con el sector habría permitido identificar estas dificultades y preparar una aplicación ordenada. La DGOJ, como autoridad sectorial, debe desempeñar un papel activo en este proceso, trasladando las particularidades operativas del juego online y contribuyendo a coordinar soluciones con las autoridades competentes y las entidades de pago.

J. M. ¿Qué espera ahora Jdigital de la DGOJ y del Sepblac? ¿Le preocupa que las dificultades de aplicación puedan favorecer al mercado ilegal?

Jdigital. Por ello, Jdigital espera que la DGOJ y del Sepblac entiendan los esfuerzos que desde el día 28 de octubre se están realizando en orden a garantizar la efectividad de la medida aprobada en un clima de diálogo y entendimiento. Compartir el objetivo conlleva compartir los tiempos y ello en aras de canalizar a los jugadores hacia el mercado regulado.

La disposición transitoria primera del Real Decreto 813/2026 contempla un periodo de seis meses para los jugadores registrados antes de su entrada en vigor y para la adaptación de los sistemas técnicos de los operadores.

Jdigital no ha facilitado estimaciones sobre el número de cuentas afectadas, los posibles premios retenidos o los costes de adaptación. Tampoco ha concretado qué instrumentos de pago presentan mayores dificultades de verificación.

La asociación centra su reclamación en la necesidad de contar con mecanismos técnicos disponibles, plazos adecuados y una coordinación efectiva entre las autoridades, las entidades financieras y los operadores.