El BOE publica el convenio entre la Policía Nacional y la Organización Nacional de Ciegos Españoles contra el juego ilegal y la ciberdelincuencia
El acuerdo crea un protocolo para que la ONCE traslade a la Policía información sobre juego ilegal.
El Boletín Oficial del Estado publica este 10 de noviembre la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior que da a conocer el convenio entre la Dirección General de la Policía y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Lo firmaron el 28 de octubre Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, y Ángel Ricardo Sánchez Cánovas, director general de la ONCE, y toma el relevo del acuerdo que ambas instituciones suscribieron en diciembre de 2020.
La novedad que más interesa al sector está en el apartado del juego ilegal. Según el texto, los Delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional recibirán y canalizarán hacia la autoridad competente las informaciones relacionadas con estas actividades. Además, las partes establecerán un protocolo para que la ONCE transmita “toda aquella información que pueda resultar relevante sobre dichas actividades y los operadores que las desarrollan”.
El convenio también pone el foco en la lotería ilegal. La Policía se compromete a impulsar la lucha contra las asociaciones que, sin autorización, venden productos de lotería similares a los de la ONCE “bajo la falsa apariencia del apoyo a las personas con discapacidad”. Es un fenómeno que el sector conoce bien: Infoplay ya informó de cómo se desmanteló por tercera vez en Málaga la trama de lotería ilegal conocida como “la rápida”.
En esa tarea tendrá un papel destacado la Unidad de Prevención del Fraude de la ONCE. Esta unidad colaborará con la Policía en investigaciones de posibles delitos o infracciones administrativas: aportará datos cuando se le pidan y presentará denuncias cuando sus sistemas de alerta detecten indicios de fraude. Según el convenio, todas estas actuaciones se orientarán a “preservar la integridad del juego y la confianza de los usuarios”.
El acuerdo amplía además la colaboración a la ciberdelincuencia. Los delitos tecnológicos se incorporarán a las acciones de formación y sensibilización, y se habilitarán canales específicos de comunicación y orientación para presentar denuncias.
Policías nacionales impartirán cursos y sesiones informativas a los agentes vendedores para prevenir robos y hurtos, se aplicará el Plan Mayor Seguridad entre los afiliados de más edad y la ONCE adaptará al braille los materiales de prevención de la Policía. La ONCE, por su parte, pondrá locales, medios y personal para los programas formativos.
El convenio no tiene coste para ninguna de las partes y crea una Comisión Mixta de Seguimiento, con dos representantes de cada institución, que se reunirá al menos una vez al año. Su vigencia es de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. El acuerdo llega pocos meses después de que el Tribunal Supremo confirmara que las comunidades autónomas no pueden inspeccionar los terminales de la ONCE en bares y restaurantes.
