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La DGOJ vuelve a Bruselas con su algoritmo de riesgo y pide tramitarlo por urgencia
El texto sustituye al de 2025 y surtirá efecto cuatro meses después de publicarse en el BOE
El Gobierno ha notificado a la Comisión Europea el proyecto de Resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego por la que se aprueba el mecanismo de detección de comportamientos de riesgo de las personas usuarias. La notificación se registró el 17 de noviembre de 2026 en el Sistema de Información sobre Reglamentaciones Técnicas con el número 2026/0654/ES. España ha invocado el procedimiento de urgencia previsto en la Directiva 2015/1535, de modo que la notificación no abre el periodo ordinario de statu quo.
No es la primera vez que este texto llega a Bruselas. La Dirección General ya lo había notificado el 12 de diciembre de 2025 con el número 2025/0747/ES. Ahora lo presenta como un procedimiento nuevo por las observaciones recibidas y por los cambios sustanciales introducidos en la redacción. Para justificar la urgencia, el regulador cita la evaluación ex post del Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales, y el aumento de las inscripciones en el registro de autoprohibidos.
El mecanismo desarrolla el Real Decreto 176/2023, de entornos más seguros de juego. Su artículo 24 ya obliga a los operadores a detectar comportamientos de riesgo y permite al regulador fijar los criterios mediante resolución. Infoplay ya informó del inicio del procedimiento en septiembre de 2025 y de la presentación del algoritmo en el I Congreso Internacional del Juego.
El modelo será de uso obligatorio para todos los operadores supervisados por la Dirección General, en todas las modalidades de juego que ofrezcan. Los operadores podrán seguir usando sus propios protocolos como complemento, pero estos no podrán desplazar el mecanismo común. Según la memoria que acompaña al proyecto, el objetivo es sustituir los sistemas actuales de cada empresa por criterios homogéneos y garantizar el mismo nivel de protección en todo el mercado.
La memoria explica esta decisión con datos de 55 operadores activos. De ellos, 36 detectan menos del 1 % de cuentas en riesgo y solo seis superan el 4 %. El rango va del 0 % al 13,6 %.
El sistema analizará un periodo de 183 días naturales que termina el último día de cada mes. Se ejecutará durante los siete primeros días de cada mes sobre todas las cuentas del jugador. El primer paso es excluir a los jugadores esporádicos, es decir, los que tienen menos de dos depósitos o menos de dos días de actividad, o los que juegan muy poco. Después se aplica una regla de detección directa y, al resto de jugadores, un modelo de aprendizaje automático XGBoost, facilitado por la propia Dirección General, con un umbral de probabilidad común para todos los operadores.
Los jugadores clasificados en riesgo quedarán sujetos a las medidas de los artículos 26 a 30 del Real Decreto 176/2023 durante un mínimo de seis meses. Pasado ese plazo, las medidas se levantarán si la siguiente aplicación del modelo ya no detecta riesgo. Si lo sigue detectando, se prolongarán al menos otros seis meses.
El proyecto establece varias garantías. La categorización no es un diagnóstico clínico y no puede usarse por sí sola para tomar otras decisiones sobre el jugador. Decisiones como la suspensión de una cuenta exigirán una valoración específica y motivada. El operador deberá comunicar al jugador la fecha y el periodo analizado, los factores que más pesaron en su clasificación explicados en lenguaje comprensible, las medidas aplicables y las condiciones para levantarlas.
El jugador podrá pedir una revisión al operador, que tendrá un mes para resolverla. Si no está de acuerdo con el resultado, podrá reclamar ante la Dirección General. Ni la revisión ni la reclamación suspenden las medidas. Además, los datos y la categorización solo podrán usarse para fines de protección. Queda prohibido emplearlos con fines comerciales, promocionales, publicitarios o de segmentación.
La memoria incluye también datos sobre las promociones. El gasto en promociones de retención pasó de 134,48 millones de euros en 2020 a 282,67 millones en 2025. El propio documento precisa que estas cifras no demuestran que las promociones causen más juego ni más pérdidas, y que tampoco sirven por sí solas para identificar a personas en riesgo.
Para los operadores, la resolución supone adaptar sus sistemas de información, calcular las variables del modelo, ejecutarlo cada mes e integrar los resultados en sus procedimientos de juego seguro. La resolución producirá efectos cuatro meses después de su publicación en el BOE. El regulador evaluará periódicamente la eficacia del mecanismo y podrá actualizar sus variables y umbrales. VER NOTIFICACIÓN