Galicia, 5 de noviembre: 18 meses mínimos para las máquinas en hostelería y las de apuestas, más control de acceso en salones, la rebaja al bingo y 53,7 millones con el juego online
Las cuentas gallegas de 2027 cierran hoy el plazo de enmiendas a la totalidad.
Hoy, 5 de noviembre, a las 18:30 horas, se cierra en el Parlamento de Galicia el plazo para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos de 2027 y a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que los acompaña. Es un buen momento para repasar lo que traen para el juego, que no es poco: una modificación de la ley del juego, la previsión de recaudación y la continuidad de la rebaja fiscal al bingo.
El Consello da Xunta aprobó ambos proyectos en una reunión extraordinaria el 16 de octubre. El 19 de octubre, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, los entregó al presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices. Ese mismo día la cámara fijó un calendario único para los dos textos.
El cambio normativo está en el artículo 42 del proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (PDF), que modifica la Ley 3/2023, reguladora de los juegos de Galicia. Afecta a las máquinas tipo B y a las máquinas auxiliares de apuestas instaladas en bares, restaurantes y locales de ocio. Ni el titular del local ni el de la autorización podrán pedir su extinción hasta que hayan pasado 18 meses desde que empezó a tener efecto, salvo que ambas partes estén de acuerdo. Además, la extinción no será inmediata: se hará efectiva el último día del trimestre siguiente al de la solicitud.
El resto del régimen se mantiene. Las autorizaciones seguirán teniendo una duración máxima de quince años y se extinguirán si la actividad se interrumpe sin causa justificada durante treinta días naturales consecutivos. La exposición de motivos justifica la reforma por la búsqueda de una “moderación da oferta de xogo e mellora do control administrativo, sen mingua da liberdade de empresa e o libre exercicio da competencia”.
El mismo artículo endurece el régimen de los sistemas de control de acceso en los salones y demás establecimientos de juego. Hasta ahora, la infracción consistía en no tener ese sistema donde es obligatorio. Con la reforma, también será sancionable que no funcione, funcione mal o no cumpla los requisitos legales o reglamentarios. La Xunta busca así dar “idéntico tratamento a ambos feitos” para garantizar la eficacia de las limitaciones de acceso a los locales de juego.
Vamos con los números. Según el estado de ingresos del proyecto de presupuestos (PDF), la Xunta prevé ingresar 53,7 millones de euros por el impuesto sobre el juego en 2027. De ellos, 43,6 millones corresponden a las tasas fiscales sobre el juego y 10,1 millones al impuesto sobre actividades de juego, que grava el juego online. A esa cantidad se suman 150.000 euros previstos por sanciones en materia de juego. En enero, Infoplay ya informó de una previsión de 53 millones.
El bingo, por su parte, conserva su trato fiscal favorable. La memoria de beneficios fiscales (PDF) recuerda que la Ley de Medidas de 2023 fijó para el bingo un tipo bonificado del 30 %, frente al 50 % general, ligado al mantenimiento del empleo, “co obxecto de que esta actividade poida recuperarse paulatinamente ata niveis similares aos que había con anterioridade á pandemia”. Esa bonificación costará 2,99 millones de euros en 2027, frente a los 3,09 millones previstos en los presupuestos de 2026.
El calendario parlamentario está marcado. El plazo de enmiendas parciales termina el 14 de noviembre, el debate de totalidad se celebrará el 16 de noviembre y el pleno de votación final está previsto para el 15 de diciembre. Con mayoría absoluta del PP en la cámara, lo previsible es que el texto salga adelante, salvo cambios por la vía de las enmiendas parciales.
Mientras tanto, el otro gran frente normativo sigue en espera. El Reglamento General de Juego de Galicia (PDF), que salió a información pública este verano, cerró su plazo de sugerencias el 26 de octubre con 31 aportaciones, según el Portal de Transparencia de la Xunta. El texto publicado sigue siendo el de julio. Ahora le tocan el informe de valoración, el dictamen del Consello Consultivo de Galicia y, por último, su aprobación por decreto.
