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 Los trabajadores denuncian que el cierre de salones comportará despidos masivos y una drástica reducción de la recaudación pública

 
 Los trabajadores de los salones de juego no tiran la toalla. Después de su firme oposición de los últimos meses a la ley del juego aprobada en las Cortes Valencianas, esta mañana han presentado alegaciones al Proyecto de Decreto de medidas urgentes para la aplicación de la Ley del Juego ante la Subdirección General del Juego de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico de la Comunidad Valenciana.
INFOPLAY/ COMUNICADO |
Los trabajadores de los salones de juego consideran que cada nuevo paso que da la administración supone un nuevo “mazazo” a sus expectativas laborales. Según Vicente Contreras, vicepresidente de la UTSAJU, “la administración está haciendo todo lo que está en su mano para acabar con los salones de juego de la Comunidad Valenciana, y con ellos, con nuestros empleos”. Contreras ha explicado “la enorme preocupación” de los trabajadores y de sus familias por unas medidas que, lejos de dulcificar la normativa aprobada, imponen nuevos obstáculos al mantenimiento de sus puestos de trabajo”.

En las alegaciones presentadas, los trabajadores señalan que “tanto la ley como este decreto impugnado ponen en serio peligro el mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. La distancia establecida por la regulación supone la precarización de nuestros empleos ya que estos van a depender de unas distancias que nunca serán fijas ni seguras. Es decir, con la actual ley, aquellos salones que se encuentren a menos de 800 metros de un centro educativo deberán cerrar y, en el mejor de los casos, trasladarse a otra ubicación. Pero, ¿qué ocurre si después del traslado y compra o alquiler del local, la adecuación del mismo y la contratación de personal, alguna administración decide construir un centro educativo a menos de 800 metros del salón? Al no cumplir la ley y este reglamento, el salón deberá volver a trasladarse y desde la UTSAJU dudamos que los empresarios afectados quieran y puedan soportar esos gastos, lo cual significará, irremediablemente, el despido de los trabajadores”. Los trabajadores piden que la obligación de las distancias se aplique sólo a las nuevas autorizaciones.

Por último y en relación a la información comercial en el exterior de los establecimientos de juego, la UTSAJU considera que la Generalitat Valenciana “invade competencias del Estado y de los ayuntamientos”. En opinión de Contreras, el hecho de que el decreto prohíba la publicidad en las fachadas, ventanales o cristaleras y puertas de los establecimientos de juego “invade competencias del Estado al establecer restricciones no contempladas por la ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad e invade también competencias municipales ya que son los ayuntamientos quienes, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, son los que pueden regular los lugares en los que puede o no haber publicidad”.
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