Fidel Molina acusa al Botànic de “discriminar arbitrariamente y sin motivos” al sector hostelero al decretar su cierre.
SOS Hostelería ha presentado un recurso contencioso administrativo, con solicitud de medida cautelar, contra la resolución de 19 de enero de 2021, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública “por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19”.
En opinión de los hosteleros valencianos, la resolución de la Generalitat “es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores”. La resolución aprobada por Sanitat Universal ordena el cierre preventivo y la suspensión cautelar de actividades de los establecimientos de hostelería y restauración de la Comunidad Valenciana”.
En este sentido, los hosteleros valencianos han decidido recurrir judicialmente el apartado 1.b) de la Resolución de Sanidad Universal y Salud Pública ya que, según su presidente, Fidel Molina, “de no concederse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse graves y perjudiciales consecuencias para los administrados”.
En nota de prensa informan:
El líder de los hosteleros valencianos considera que la Consejera “no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras mantiene abiertas otras actividades no esenciales”. Según la demanda presentada por SOS Hostelería, “estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna”.
En opinión de Fidel Molina, la disposición impugnada “afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.
La demanda presentada por SOS Hostelería a través de Romero & Llodrá, señala que “el concienzudo informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia COVID-19 en la Comunitat Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la “Resolución”, ponen de manifiesto un sustancial repunte de los casos y un agravamiento de la situación epidemiológica en los últimos días, aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales”.
La demanda añade que “si bien la Administración está legitimada para tomar este tipo de decisiones a la hora de restringir la actividad económica de unos concretos sectores de actividad y no de otros, dicha decisión debe responder a criterios lógicos y objetivos aplicados por igual a todos los sectores no esenciales de la actividad económica. La invocada arbitrariedad y trato desigual resultaría palmaria en primer lugar, a la vista del contenido de las propias excepciones relacionadas en el apartado 1 b.) de la “Resolución” en los que quedan exceptuados de cierre, entre otros, de “los Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos, para uso exclusivo de la clientela alojada en los mismos” ¿Acaso el hospedarse en un hotel hace que el virus deje de ser contagioso? se preguntan los letrados de SOS Hostelería.
Otra de las insólitas excepciones, según SOS Hostelería, es la de los “Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo del personal empleado”. En este sentido, Fidel Molina, se ha preguntado “si acaso el virus ¿es más contagioso cuando los servicios de hostelería se encuentran próximos al lugar de trabajo y no en el propio lugar de trabajo?” Los hosteleros valencianos no entienden que “comer en un local cerrado ubicado en el centro de trabajo implique un menor riesgo de contagio que comer, por ejemplo, en una terraza de un establecimiento de hostelería situada al aire libre”.
Por este motivo, los hosteleros valencianos creen que si la Administración ha considerado que dichas excepciones son compatibles con la lucha contra la pandemia, mantener abiertos el resto de locales de hostelería con las medidas de higiene y distanciamiento que ya se estaban llevando a cabo por el sector, también sería compatible con dicha lucha. Molina considera que “si lo que persigue la norma es la protección del derecho a la salud colectiva mediante la evitación de contagios, ¿como se explica el anterior régimen de excepciones? ¿Acaso la potencialidad en el contagio es inferior en los servicios de hostelería reflejados en las excepciones a los de cualquier otro local de similares características ubicados en otro lugar distinto?”
Por estos motivos los hosteleros consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos en el apartado 1 b.). de la Resolución “carece de justificación, no siendo ni proporcional, ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad”.
Situación epidemiológica y Derecho a la Libertad de Empresa, reconocido en el art. 38 de la C.E.
En relación al impacto de la situación sanitaria en la actividad económica y social en la Comunidad Valenciana, de los informes técnicos a los que hace referencia la “Resolución”, se desprende que el origen del incremento en los contagios en las últimas semanas deriva principalmente de contagios producidos en el ámbito social o familiar en reuniones como las llevadas a cabo con motivo de las últimas fiestas navideñas, que se produjeron en domicilios particulares.
En este sentido, los hosteleros valencianos argumentan que “ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar el sector de la hostelería en nuestra Comunidad. Máxime teniendo en cuenta las estrictas medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a acordarse el cierre de la actividad del mismo”, ha señalado Molina.
En opinión de los hosteleros, “la imposición del cierre de la actividad hostelera supone la privación absoluta y una intromisión administrativa brutal sobre el derecho constitucional del ejercicio de la libertad de empresa, a un sector tan amplio y significativo en nuestra Comunidad como son la restauración y la hostelería, por lo que teniendo en cuenta el carácter extraordinario y especial que supone el cierre total de empresas y la suspensión de éstas actividades, así como las implicaciones que las medidas suponen, desde un punto de vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico, la Resolución debería haber abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las que se ha decidido su mantenimiento con restricciones menos lesivas”.
Por último, la demanda presentada por SOS Hostelería denuncia que la resolución del Gobierno implica que, al verse imposibilitado el citado sector a poder ejercer su actividad con la normalidad precedente a la resolución impugnada (esto es con las limitaciones y medidas de higiene y distanciamiento social que sí se estaban aplicando por el sector) “se está condenando a una cantidad ingente de pequeños y medianos empresarios de la hostelería y la restauración al cierre definitivo de sus negocios, ante la imposibilidad de recuperar las pérdidas que ya se estaban generando como consecuencia de la actual coyuntura y a su vez ante la falta de un sistema público ágil, objetivo y proporcional de indemnizaciones, ayudas y compensaciones para hacer frente a dicho cierre forzoso de la actividad como así ocurre en otros países de nuestro entorno más cercano como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, entre otros”.
En consecuencia y en consideración de las previsiones del artículo 130.1 de la LJCA, en cuya virtud la medida cautelar se tiene que adoptar “previa valoración de todos los intereses en conflicto”, resulta evidente que en el caso planteado tal ponderación debería determinar la adopción de la suspensión cautelar de dicha resolución”, han concluido los abogados de SOS Hostelería.
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