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El centro de la presentación se desarrolló sobre la base de la necesidad de reclamar medidas fiscales a la Administración que ayuden a superar las dificultades económicas generadas por la crisis del Covid-19, mediante bonificaciones en los impuestos o suspensión de los mismos en aquellos territorios en los que su actividad ha estado paralizada: “no es suficiente con los aplazamientos en la liquidación de los impuestos”.
Según El INFORME, el juego supone el 0,8% del PIB de España, al mover en 2019 35.628 millones de euros, con una facturación para las empresas del sector de 10.226 millones, y la generación de 85.000 empleos directos y 175.000 indirectos.
También se subraya los daños al sector que “sufre con las crisis” y que “tiene una alta dependencia del crecimiento económico y la renta disponible”. “Las restricciones han paralizado totalmente algunas líneas de negocio”, perjudicando especialmente a bingos y apuestas relacionadas con las competiciones deportivas.
Por otro lado, el informe también resalta el cada vez mayor peso del juego online en el sector, pasando de suponer en 2012 el 1,3% de la facturación del mercado al 7,6% en 2019, mientras que el juego presencial se mantuvo estable y ante una perspectiva de que el online siga creciendo.
Tal y como recoge Servimedia, “el informe destaca la incertidumbre respecto al empleo y a la manera en que en los próximos meses se apliquen las normativas que limitan los despidos así como qué sucederá una vez terminen los ERTE, y, por otro lado, hace referencia a las cuestiones fiscales en un momento en el que la actividad del sector ha disminuido a causa de las restricciones ocasionadas por la pandemia.
En cuanto a los propios elementos de la estructura del sector, el informe destaca que se trata de un ámbito con una alta fragmentación de operadores, muchos de ellos de pequeño tamaño, cuya rentabilidad es baja al tener que hacer frente a los altos costes que supone invertir en aspectos como ciberseguridad o tecnología para operar en el mercado online. Ante esta situación, el informe recomienda fusiones y adquisiciones de operadores. Asimismo, apunta también precisamente al reto que supone la digitalización del sector, las inversiones en tecnología y el desarrollo de la ciberseguridad.
Por otro lado, también apunta que la “connotación negativa” de la imagen pública que tiene el sector “ha calado y se está deteriorando”, generando “un perjuicio económico significativo”, y que a esta cuestión “totalmente infundada” se le suma una normativa “extensa y compleja” a la que se sumarán próximamente nuevas normas”.
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