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Las asociaciones de trabajadores de salones de juego denuncian que 1 de cada 3 euros de inversión publicitaria  del Estado se van al juego público mientras se prohíbe la publicidad del juego privado y se restringe su actividad

 
Los trabajadores del sector del juego privado agrupados en la Unión de Trabajadores de Salones de Juego (UTSAJU) han recibido con estupor los datos del Plan 2022 de Publicidad y Comunicación Institucional del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
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La Administración General del Estado cuenta este año con un presupuesto para campañas de publicidad y comunicación de 158,3 millones de euros, un 28,34% más que en el año anterior. Por consiguiente, la inversión publicitaria total del Estado ascenderá a 286,7 millones, lo que supone un incremento del 17,7%.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) cuenta con un presupuesto para campañas de 55 millones de euros, que se traduce en más de un 30% del presupuesto total. Son campañas para promoción de Euromillones, Primitiva, lotos, apuestas deportivas, Lotería Nacional, y sorteos de Navidad y El Niño.

Para UTSAJU, “existe una doble moral en la actuación de la Administración restringiendo nuestra actividad, mandándonos al paro mientras realizan campañas publicitarias que tanto el Estado como la ONCE llevan a cabo con toda impunidad”.

“Nos sentimos indefensos y abandonados frente al ataque del ministro Garzón y todo el Gobierno. Estudiamos acciones de denuncia frente a la CNMC dado que quien tiene el poder de regular se favorece a la vez a sí mismo limitando la actividad de las empresas que nos emplean en una clara actitud prevaricadora”, defienden desde UTSAJU.

Por otro lado, a la Agrupación de Trabajadores del Juego de la Comunidad de Madrid (ATJUCAM) le sorprende que “desde el Gobierno central y algunos gobiernos autonómicos se promuevan normativas restrictivas hacia el juego privado mientras el mismo Gobierno invierte millones en captar público joven para que juegue”.

El cinismo del Estado reside en que asegura promover normas restrictivas del juego privado en aras del juego responsable y prevención de conductas adictivas mientras gasta 1 de cada 3 euros de las campañas en promoción del juego, aunque solo los que son de su titularidad.

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