La organización hostelera recuerda que en la Comunidad Valenciana ya han cerrado diversos salones y se han perdido cerca de 100 empleos a pesar de que dichos establecimientos no son ningún riesgo para menores dado que hay estrictos controles de acceso que les prohíben la entrada
SOS Hostelería, asociación en la que participan autónomos y empresarios del mundo de la hostelería de la Comunidad Valenciana, ha solicitado a la Generalitat Valenciana que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula la normativa urbanística de Cádiz por la que se restringía la presencia de salones de juego a menos de 500 metros de centros deportivos, socioculturales o educativos, revise la Ley del Juego vigente en la Comunidad Valenciana para evitar problemas de inseguridad jurídica.
La normativa restrictiva de la presencia de salones impulsada por la Generalitat Valenciana ha provocado hasta ahora el cierre de diversos salones, a los que vencía su licencia, y la pérdida de casi un centenar de empleos directos e indirectos, la mayoría de ellos de personas mayores de 50 años de difícil reubicación en el mercado laboral.
Para el presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, “la Generalitat Valenciana, tras esta sentencia, debería revisar de oficio la ley y suprimir las distancias entre salones y centros públicos dado que, tras el pronunciamiento judicial, hay una situación de inseguridad jurídica que puede llevar a que se abra un frente legal entre empresas titulares de salones afectadas y la administración valenciana”.
Para la organización hostelera, la imposición de distancias no resuelve problema alguno dado que dicha prohibición no afecta a los juegos más populares y adictivos como son los rascas de la ONCE, que sí se pueden vender sin ningún control en la puerta de un colegio, o las loterías públicas.
Fidel Molina, de SOS Hostelería, recuerda que “las empresas de salones han impulsado y velado por el cumplimiento de las normativas de juego responsables y sus trabajadores son los que aplican las estrictas normativas de control de acceso a los salones”. Para el presidente de SOS Hostelería, “esta sentencia da la oportunidad a la Generalitat Valenciana de resolver una injusticia, evitar la pérdida de más empleos y recuperar la vía del diálogo y colaboración con un sector que siempre se ha mostrado dispuesto a implantar todo tipo de campañas y controles y al que la Generalitat ha perjudicado únicamente por motivos ideológicos”.
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