En su primera comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, declaró como "urgente" la necesidad de abordar y mitigar los posibles efectos perjudiciales del juego, enfocándose especialmente en la protección de los usuarios. Esta primera comparecencia de lo que será la acción de su Ministerio era esperada por lo que podía suponer como comienzo de las nuevas condiciones que frenaran el problema de los Rascas de la ONCE; sin embargo, Bustinduy ha obviado abordar este asunto primordial y de verdadera preocupación.
Durante su intervención, Bustinduy resaltó la importancia de regular el acceso al juego, especialmente en edades tempranas, reconociendo los riesgos asociados; pero se ha enfocado en los vídeojuegos obviando el problema de los Rascas de la ONCE. Así, el ministro anunció la propuesta de una ley que abarque mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos, cajas botín y dispositivos similares. Destacó que estos sistemas, presentes en los videojuegos, pueden contener elementos equivalentes a los juegos de azar y pasan a menudo inadvertidos.
Como parte de las iniciativas planificadas, Bustinduy ha anunciado la intención de desarrollar la Ley de Regulación del Juego, adaptándola al entorno digital actual e introduciendo un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador. Ha hecho referencia al modelo alemán, que ya implementa un límite conjunto para los depósitos realizados en diferentes plataformas de juego.
Así el ministro ha obviado la regulación de la lotería instantánea y los rascas de la ONCE para prevenir la venta a colectivos vulnerables,
cuestiones que la propia Bibiana Medialdea, secretaria general de Consumo y Juego anunció como el verdadero problema hace pocos días. Sin olvidar que esta cuestión era parte
destacada del programa electoral.
Esta omisión nos lleva a plantear dudas legítimas sobre la autenticidad y el verdadero compromiso del Gobierno con la protección de los ciudadanos en el ámbito del juego.
Como decimos, el ministro ha mencionado directamente al modelo alemán como el ejemplo a desarrollar; esto supone que, en la práctica, un jugador tiene un límite total mensual que abarca todas las operadoras como ya explicamos en nuestro especial.
Esta política, lejos de ser una solución panacea, presenta desafíos evidentes. Por ejemplo, un depósito global puede resultar en restricciones significativas para los jugadores, limitando su libertad de elección en plataformas específicas y alimentando el juego ilegal.
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