En dicha rueda de prensa, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha instado a la Junta de Castilla y León a modificar la Ley del Juego, argumentando que la equiparación de las "tragaperras" con el juego social es un error. Según Ismael Pérez, delegado Territorial de la ONCE en Castilla y León, esta ley refleja el interés del Gobierno regional por "recaudar impuestos".
La ONCE critica que la normativa regional equipare el juego público social que ellos comercializan con el juego privado de operadores como casas de apuestas y casinos. Pérez señala que esta comparación es "absurda", ya que los sorteos de la ONCE y la Lotería Nacional están regulados por el Estado.
Por su parte, Cermi Castilla y León argumenta que la Ley del Juego de Castilla y León invade competencias estatales. Juan Pérez, presidente de Cermi, destaca que la equiparación propuesta generaría una "indefensión" para la ONCE al tener que solicitar permisos continuamente a la Junta.
Ismael Pérez recalca que las comunidades autónomas no tienen jurisdicción sobre el juego de la ONCE y la Lotería Nacional, según lo establecido por el Tribunal Supremo y la jurisprudencia nacional. Además, señala que la venta de productos de juego de la ONCE es crucial para financiar proyectos sociales y crear empleo para personas con discapacidad.
La ONCE y Cermi solicitan a la Junta de Castilla y León que diferencie claramente entre los operadores públicos y privados en la futura Ley del Juego, para no comprometer el desarrollo comercial de la ONCE ni la prestación de servicios a personas con discapacidad.
Entre las declaraciones destacamos:
"Esta circunstancia, además de contravenir la Ley estatal de Juego, arrogándose en este caso el gobierno regional de la Junta una competencia que no le es propia ya que la ONCE y la Lotería Nacional solamente pueden ser regulados por el Estado, viene a provocar una situación de absurda comparación entre el terminal punto de venta que utilizan en exclusiva los vendedores de la ONCE como asistente para ejercer su actividad, con una máquina tragaperras".
"La Ley de Juego de Galicia introduce la exención del juego público. Siempre ha habido una tentación histórica de las comunidades autónomas para recaudar impuestos".
"No podemos olvidar que el 20% de los ingresos netos de la venta de productos de lotería de la ONCE se revierten directamente a su Fundación, la cual lo reparte entre las principales entidades sociales y proyectos favorecedores de acciones de formación y empleo para las personas que las componen".
El delegado Territorial de la ONCE en Castilla y León dijo que las comunidades autónomas "no tienen jurisdicción" en este ámbito. "Lo dicen el Tribunal Supremo, Los TSJ y la Abogacía del Estado. Siempre ha habido inquietudes de las comunidades autónomas para regularlo y siempre se dio la razón a la ONCE".
"No es una cuestión ideológica, es jurídica y económica. Hemos pedido a la Consejería de la Presidencia que reflexione. Podríamos tener dificultad para contratar y habría disminución de empleo y pérdida de ingresos para prestar servicios a las personas ciegas", dice Ismael Pérez. "Cermi suscribe las peticiones de la ONCE. Enviamos una carta al presidente Mañueco porque hay una preocupación en el sector de las personas con discapacidad". VER NOTICIA COMPLETA EN EL MUNDO
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