Representando a 10 empresas y 300 trabajadores en el sector, ANESAR advirtió sobre las "consecuencias fatales" de las medidas contempladas en el desarrollo reglamentario de la Ley del Juego, en particular el adelanto del horario de cierre de los salones, que afectaría a entre 80 y 100 empleados "de un día para otro".
Durante su intervención, Juan Lacarra criticó la falta de negociación y transparencia en la tramitación del reglamento. Según él, ANESAR se vio obligada a recurrir al Consejo de Navarra para acceder al expediente, después de que varias peticiones de información no fueran atendidas. “Ha habido poca interlocución real y nula negociación ante un reglamento tan ambicioso y complejo", señaló.
Uno de los puntos clave fue la modificación del horario de cierre, reduciéndolo en tres horas, de las 3:30 a las 0:30, justificando razones de orden público que, según Lacarra, "no han aparecido" durante la tramitación. Además, mencionó que los servicios jurídicos del Departamento de Interior cuestionaron la falta de justificación y el riesgo de desproporción de esta medida.
Lacarra subrayó el agravio comparativo entre los salones de juego y otros sectores como bares con máquinas, bingos o el juego online, que no se ven afectados por el recorte. "Tendremos que cerrar los salones de juego a las doce y media, pero seguirán abiertos los bares con máquinas, los bingos y, por supuesto, el juego online", afirmó.
El impacto de esta medida, según Lacarra, sería inmediato, con la pérdida de entre 80 y 100 empleos y la ausencia de un estudio que analice el impacto económico y laboral. "No nos consta una memoria del Gobierno que analice este impacto", agregó.
Lacarra también rechazó otras dos medidas del reglamento: la pérdida de interconexión entre máquinas, algo que se realiza desde hace 20 años, y la exclusión de los salones de la explotación de máquinas BMB. Estas decisiones, según el secretario general, afectarán gravemente la competitividad de los locales y agravarán la situación económica, lo que podría llevar al cierre de más establecimientos.
El representante de ANESAR advirtió que las empresas han invertido y planificado sus negocios en base a unas condiciones que ahora se ven alteradas, lo que calificó como un "ataque manifiesto a la seguridad jurídica" y que podría generar una batería de reclamaciones o denuncias por parte de las empresas afectadas.
En el turno de los grupos parlamentarios, el portavoz del PPN, Javier García, mostró su preocupación por el impacto en el empleo y criticó el agravio comparativo generado por la modificación del reglamento. Marta Álvarez, de UPN, pidió mantener un equilibrio entre la libertad de los salones de juego y la protección de las personas vulnerables, criticando la falta de análisis sobre la incidencia de las medidas en el empleo.
La socialista Inma Jurío reconoció la discordancia entre las empresas y las decisiones del Gobierno, aunque recordó que el reglamento fue sometido a participación pública durante tres meses. Adolfo Araiz, de EH Bildu, cuestionó la justificación de la reducción horaria y llamó al diálogo para rectificar si es necesario.
Blanca Regúlez, de Geroa Bai, expresó su preocupación por el impacto en el empleo y destacó que las aportaciones de ANESAR no fueron discutidas en el Consejo del Juego, del cual forma parte la asociación. Por su parte, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, afirmó que el Gobierno no tiene la obligación de negociar, pero sí de dialogar y conocer las opiniones de todos los agentes implicados.
Finalmente, Emilio Jiménez, de Vox, subrayó la necesidad de buscar un equilibrio entre el empleo, la afectación a personas vulnerables y la libertad empresarial, criticando la falta de diálogo por parte del Gobierno.
La intervención de Lacarra y las reacciones políticas dejan clara la complejidad del debate y la preocupación en torno a la futura regulación del juego en Navarra, que sigue generando controversia.
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